En las últimas semanas se sumaron tres presentaciones civiles ante la Justicia Federal contra el Estado nacional por efectos negativos derivados, según los firmantes, de las vacunas contra el Covid. Las últimas corresponden a tres mujeres que, en total, reclaman un resarcimiento de unos $206 millones. En Córdoba hay seis causas, las primeras tres son penales y van contra el Estado y los laboratorios. Por las respuestas que vienen acumulando esos expedientes, no hay reconocimiento de los demandados de los daños mencionados.
Hasta el momento, tampoco se registra ninguna reparación a quienes realizaron presentaciones en diferentes puntos del país. Por la Resolución Conjunta 7/2022 del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se estableció el procedimiento para la tramitación de los reclamos indemnizatorios a ser atendidos con recursos del Fondo de Reparación COVID-19 (creado por la ley 27.573).
En aquellos casos de muerte, o donde se determina una incapacidad física total y permanente, del vacunado, se estableció que ese Fondo abonará un total de indemnización equivalente a 240 haberes mínimos jubilatorios del SIPA.
Cabe recalcar que “el reclamo de la indemnización que debe pagar el Fondo de Recuperación Covid-19 prescribe a los tres años desde que el daño causado por la vacuna se conoció o se pudo conocer”.
El caso de una psicóloga
Las demandas civiles contra el Estado nacional corresponden a una psicóloga de 55 años de Villa Rumipal que recibió cuatro dosis de AstraZeneca en mayo, junio y diciembre del 2021 y en mayo del 2022. Padecía artritis reumatoidea desde niña, aunque la enfermedad estaba “controlada”. Después de la cuarta dosis, sufrió una hemorragia que la obligó a una internación en el Hospital de Villa Dolores, en la que le detectaron un derrame en la zona parietal derecha.
La mujer fue derivada a la ciudad de Córdoba, al Hospital Italiano, a donde le diagnosticaron aneurisma y una trombosis cerebral venosa con derrame. Estuvo varios días en terapia intensiva. En el 2023 sufrió un síncope, diplopía visual, desequilibrio, debilidad, fotofobia y molestias neuropáticas. Quedó con tinitus, dolores, cosquilleos, problemas de equilibrio y de visión”.
Para la demandante, por sus antecedentes clínicos y la secuencia de padecimientos, “está probado el nexo causal” de sus enfermedades con la vacuna.
Otra mujer de 45 años demanda al Estado después de haber recibido dos dosis de AstraZeneca, en junio y setiembre del 2021. Fue diagnosticada en el Hospital Córdoba de una trombosis venosa profunda y debieron amputarle la mitad de la pierna izquierda. También el caso fue denunciado oportunamente en el área de farmacovigilancia.
La tercera demandante recibió dos dosis de AstraZeneca en junio y agosto del 2021 y una tercera de Pfizer en marzo del 2022. Aduce que fue “obligada” a vacunarse por la fábrica de barbijos donde trabajaba. Desde la primera vacuna dice haber empezado a registrar “inestabilidad emocional y clínica, supuración por la nariz, dolor en las piernas e imposibilidad de caminar”.
En el hospital Eva Perón de la ciudad de Córdoba le diagnosticaron una infección en una pierna; más tarde en el de Santa Rosa de Calamuchita precisaron que era una piodermitis de pierna derecha, onicomicosis y verruga plantar, además de “pie diabético, hiperglucemia, absceso cutáneo, furúnculo, ántrax del tronco, flebitis y tromboflebitis”. En el Hospital Córdoba le hicieron una amputación supracondílea de miembro inferior izquierdo.
Pablo Roca, el abogado que representa a las tres, plantea que “nunca” fueron informadas de los posibles efectos adversos de la vacuna y que no dieron un “verdadero consentimiento”. Sostiene que se vacunaron por la “presión social y laboral existente” y agrega que la droga usada era “experimental” con “cláusula de indemnidad patrimonial y confidencialidad del contenido de los viales”.
Los tres casos fueron notificados oportunamente al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (Sisa). Para Roca el Estado “actuó de manera negligente y culpable, rozando el dolo eventual, ya que obró de mala fe desconociendo y haciendo caso omiso a todas las garantías que requiere la inoculación de drogas experimentales”.
Sin respuesta en diferentes instancias administrativas estatales, realizó las presentaciones de recursos directos en la Justicia Federal. Cada una de las demandantes solicita $68.597.040 por resarcimiento.
Los otros casos
Las causas penales abiertas en la Justicia federal cordobesa corresponden a un futbolista fallecido en 2021 después de una internación de varios días; es contra el laboratorio AstraZéneca y el Estado nacional por presumir que la muerte está relacionada con las dos dosis que recibió de esa vacuna contra el Covid-19, una el 1 de julio y la segunda el 9 de septiembre de 2021. Se le diagnosticó púrpura trombósica. La demanda es por $400 millones.
La primera demandante individual en la Argentina fue Flavia Ochoa hace un año en los tribunales federales de Río Cuarto. Tiene 40 años, es mamá de un nene de seis años; la presentación la realizó junto a su pareja y es por $100 millones. Recibió AstraZéneca como tercera dosis y casi de inmediato sintió “calambres fuertes y flojedad en las piernas”; se le terminó diagnosticando, después de varios estudios, síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia. En esta causa, ya hubo pericia en la Corte Suprema.
La otra demanda en esta provincia es contra el mismo laboratorio; la hizo una enfermera por $220 millones. Plantea que la vacuna le habría provocado síndrome de Sjogren y púrpura trombocitopénica. Recibió la primera dosis el 5 de marzo de 2021 (Sinopharm); la segunda el 19 de abril (Sinopharm) y el 4 de noviembre la tercera de AstraZéneca.
Según LA NACION se comunicaron con el laboratorio y la respuesta siempre es que no realizan comentarios sobre litigios en curso.
“Extendemos nuestra más profunda solidaridad con cualquier persona que haya perdido a un ser querido o haya informado problemas de salud. La seguridad del paciente es nuestra máxima prioridad y las autoridades reguladoras cuentan con estándares claros y estrictos para garantizar el uso seguro de todos los medicamentos, incluidas las vacunas. A partir del conjunto de pruebas obtenidas en ensayos clínicos, se ha demostrado continuamente que la vacuna AstraZeneca-Oxford tiene un perfil de seguridad aceptable y los reguladores afirman sistemáticamente que los beneficios de la vacunación superan los riesgos de posibles efectos secundarios extremadamente raros”.
La Nación.-
