Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este martes la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad. El pedido también incluye a otros condenados en el expediente: Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, José López, Raúl Pavesi, Nelson Periotti, José Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.
En el escrito presentado, Luciani y Mola —quienes actuaron en el juicio oral que culminó con la condena— reiteraron su postura de que la pena impuesta a Kirchner resulta “insuficiente y desproporcionada frente al grave daño ocasionado”. Recordaron además que, durante los alegatos y etapas posteriores, solicitaron penas de 12 años de prisión para los principales responsables.
Los fiscales reafirmaron su convicción de que “funcionó en el seno del Estado una auténtica asociación ilícita que creó, diseñó y ejecutó un plan sistemático de corrupción”. Según expresaron, dicha organización tuvo como objetivo desviar fondos públicos para beneficio personal o de terceros, mediante la adjudicación direccionada de obras viales en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez, empresario cercano a Néstor Kirchner y socio comercial de la familia presidencial.
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“El propósito delictivo quedó demostrado: se usó la obra pública como mecanismo para enriquecer a un círculo de allegados al poder, valiéndose de la acción directa de los condenados, quienes parasitaron los órganos de control del Estado”, sostiene el documento.
Luciani y Mola también pidieron que se ejecute de inmediato la pena impuesta, con el objetivo de “reafirmar la función preventiva de la condena y enviar un mensaje claro a la sociedad”. “El tribunal debe ordenar sin demora la detención de los culpables para que cumplan sus penas y se garantice cuanto antes la restitución del dinero defraudado”, añadieron.
En el texto, los fiscales advirtieron que la falta de una reacción sancionatoria inmediata “podría generar la percepción de que las normas del derecho interno y del sistema internacional contra la corrupción no rigen como pauta de conducta para ciertos funcionarios públicos”.
Asimismo, destacaron que los actos de corrupción comprobados “tienen un impacto profundamente negativo sobre la estructura del Estado de derecho, la economía y el sistema social”. Subrayaron que el desvío de fondos públicos compromete la capacidad estatal para atender áreas clave como salud, educación, asistencia social, jubilaciones, infraestructura, vivienda, trabajo y justicia.
“Por eso afirmamos que la corrupción atenta contra los derechos económicos, sociales y culturales que el Estado debe proteger. Afecta especialmente a los sectores más vulnerables, que son los que más sufren las consecuencias de los recortes en servicios esenciales”, agregaron.
Y concluyeron: “En países como Argentina, donde los índices de pobreza superan el 50 %, no hay duda de que los condenados se apropiaron de recursos escasos o inexistentes, lo que impactó directamente sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía”.
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Con Información de Infobae.-
