Una jueza federal de Estados Unidos ordenó al gobierno de Donald Trump reanudar el procesamiento de solicitudes del programa de parole humanitario, que permitió el ingreso legal al país de más de 530.000 personas provenientes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
La decisión fue emitida por la jueza Indira Talwani, del Distrito de Massachusetts, en respuesta a una demanda colectiva presentada por migrantes que ingresaron legalmente bajo dicho programa y cuyos trámites fueron suspendidos por decisiones recientes de la administración republicana.
Según reseñó Telemundo, la medida también ampara a beneficiarios de los programas de reunificación familiar para nacionales de esos cuatro países.
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El fallo de Talwani impide temporalmente que el gobierno detenga varios programas de parole de dos años impulsados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante la administración de Joe Biden, como “Uniting for Ukraine”, que ofrece entrada temporal a desplazados ucranianos, y “Operation Allies Welcome”, que facilitó el ingreso de afganos aliados de Estados Unidos.
También quedan protegidos los beneficiarios del Parole Militar (MPIP), que acoge a familiares indocumentados de militares activos o veteranos.
La jueza ordenó además reactivar las solicitudes migratorias presentadas por quienes ingresaron al país bajo alguno de estos programas humanitarios.
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Suspensión previa del parole humanitario
El parole humanitario fue suspendido en marzo, tras una notificación publicada en el Registro Federal como parte de una estrategia oficial para reforzar la seguridad fronteriza y frenar la inmigración irregular.
Este programa, implementado durante el mandato de Joe Biden, permitía el ingreso aéreo de personas con un patrocinador financiero en Estados Unidos, siempre que costearan su pasaje y superaran evaluaciones médicas y de antecedentes.
Entre enero de 2023 y diciembre de 2024, se estima que 110.240 cubanos, 211.040 haitianos, 93.070 nicaragüenses y 117.330 venezolanos llegaron al país bajo este mecanismo, la mayoría de ellos establecidos en el sur de Florida.
El DHS justificó la suspensión alegando que el programa ya no cumplía con los criterios de “beneficio público significativo” ni con una “necesidad humanitaria urgente”. También señaló que el creciente volumen de solicitantes —especialmente en los aeropuertos de Florida, adonde llega el 80 % de los beneficiarios— estaba provocando una sobrecarga en el sistema migratorio. Se indicó que al menos 75.000 de los admitidos bajo parole solicitaron asilo posteriormente, lo que, según el DHS, incrementó los retrasos en los trámites migratorios.
Con Información de ElNacional.com.-
