La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron este martes la anulación “arbitraria e ilegal” de pasaportes a opositores, defensores de derechos humanos y periodistas en Venezuela, y exigieron su restitución inmediata.
Según información recopilada por la CIDH, al menos 40 personas han sido víctimas de esta práctica, que forma parte de una estrategia sistemática del Gobierno de Nicolás Maduro para intimidar y silenciar a voces críticas, especialmente aquellas que denunciaron irregularidades en torno a la elección presidencial del 28 de julio de 2024.
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El organismo denunció que las personas afectadas no han recibido notificación oficial sobre la anulación de sus documentos, ni explicación alguna sobre los motivos legales. En la mayoría de los casos, la situación se descubre al consultar el estado del pasaporte en la página del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime); en otros, son funcionarios del Saime quienes les informan en aeropuertos, al momento de intentar salir o entrar al país.
La CIDH advirtió que el temor a sufrir nuevas represalias —como detenciones arbitrarias o incluso desapariciones forzadas— ha llevado a muchas de estas personas a evitar acudir a las autoridades para pedir explicaciones o, en algunos casos, a salir del país por vías irregulares.
Estas acciones, señala el comunicado, constituyen una forma de represalia contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión, a la defensa de los derechos humanos y a la participación política. Además, generan miedo, una sensación de vigilancia permanente y afectan gravemente derechos fundamentales como la libertad de circulación, el derecho al trabajo, la vida familiar y la integridad personal. También tienen un efecto inhibidor, que desalienta la denuncia de abusos.
Frente a esta situación, la CIDH exigió al Estado venezolano restituir de inmediato los pasaportes anulados y poner fin a estas prácticas represivas, que buscan sembrar temor entre la población civil y restringir sus derechos.
Asimismo, instó a los países de la comunidad internacional a activar todos los mecanismos diplomáticos e institucionales disponibles para contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela. También llamó a reconocer documentos vencidos o anulados arbitrariamente, con el fin de garantizar el acceso a derechos y servicios esenciales, como el trabajo, la reunificación familiar y la protección internacional.
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Con Información del ElNacional.-
