A través de un anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno informó el lanzamiento de su propia reforma migratoria, que será implementada en los próximos días mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial. La medida busca endurecer los requisitos para otorgar residencia a extranjeros, arancelar determinados servicios públicos y ampliar los mecanismos de expulsión de personas migrantes del país.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich —una de las principales impulsoras de la iniciativa— ya había promovido una reforma similar durante la gestión de Mauricio Macri, a través del DNU 70/2017.
“Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan de forma irregular”, sostuvo Adorni desde la Sala de Conferencias de la Casa Rosada, acompañado por Bullrich, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni. La elaboración legal del decreto estuvo a cargo de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.
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Principales medidas del decreto
Entre los puntos centrales del DNU, se establece que ninguna persona extranjera con condena judicial podrá ingresar al país. Además, quienes cometan delitos en territorio nacional —sin importar la pena— podrán ser deportados. También se considerarán causal de expulsión o rechazo de ingreso aquellas infracciones penales con penas menores a cinco años.
El decreto también impone el cobro de servicios de salud pública a residentes transitorios, temporarios e irregulares. Será obligatorio, además, contar con un seguro médico al ingresar al país. Según cifras oficiales, el Estado destinó unos $114.000 millones a la atención médica de extranjeros en el último período.
En el ámbito educativo, se habilitará a las universidades nacionales a establecer aranceles para estudiantes extranjeros con residencia temporal. Esta medida no aplicará a la educación inicial, primaria ni secundaria.
La reforma había sido anticipada por el presidente Javier Milei el 1° de marzo, durante la apertura del 143° período de sesiones ordinarias del Congreso. En su discurso, Milei afirmó que, si bien Argentina ha sido históricamente generosa con los inmigrantes, no puede continuar siendo “un centro de beneficios pagado con el bolsillo de los argentinos”. Según el mandatario, la reforma es un paso clave para construir un país “serio”.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 14, 2025
Datos sobre la población carcelaria extranjera
Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), al 31 de diciembre de 2023 la población carcelaria total era de 111.967 personas, de las cuales el 6% (6.644) eran extranjeras. El 4% de esa población provenía de países limítrofes y Perú: 1.923 eran de Paraguay, 905 de Bolivia y 857 de Perú.
El informe también reveló que el 39,2% de los detenidos no contaban con condena judicial firme, mientras que la sobrepoblación en las cárceles alcanzaba el 20%. La tasa de encarcelamiento alcanzó su máximo histórico: 240 presos cada 100.000 habitantes.
Por su parte, el informe 2024 del Ministerio Público Fiscal detalló que, bajo la órbita del Sistema Penitenciario Federal (SPF), hay 1.884 extranjeros detenidos, lo que representa un 16,1% del total. El 69% de ellos son de Paraguay, Bolivia y Perú. Si se suman Brasil, Uruguay y Chile, más del 80% de la población penitenciaria extranjera proviene de países limítrofes.
En tanto, el Gobierno bonaerense informó que en las cárceles provinciales hay 3.050 extranjeros, lo que representa el 45% de la población carcelaria extranjera a nivel nacional.
El decreto que Bullrich busca reinstaurar
La actual iniciativa retoma varios aspectos del DNU 70/2017, impulsado por Patricia Bullrich durante la presidencia de Mauricio Macri y derogado por Alberto Fernández en 2021 mediante el DNU 138/2021, tras múltiples amparos presentados por organizaciones sociales y de derechos humanos.
Ese decreto fue declarado inconstitucional por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en un fallo firmado por los jueces Guillermo Treacy, Jorge Alemany y Pablo Gallegos Fedriani.
Entre los puntos más criticados, se señalaba que el DNU imponía “restricciones regresivas a los derechos humanos de los migrantes” y contravenía estándares internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que cualquier limitación a derechos fundamentales debe establecerse por ley del Congreso, y no por actos administrativos, además de garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia en casos de expulsión.
El fallo también cuestionó el escaso plazo de tres días para apelar decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones, así como la atribución exclusiva de ese organismo para decidir sobre la reunificación familiar, sin revisión judicial.
Por último, se advirtió un “vicio de finalidad” al vincular migración con criminalidad, especialmente con el narcotráfico, y se criticó el uso de un DNU para modificar la Ley de Migraciones. Este será uno de los argumentos que usarán sectores opositores para impugnar el nuevo decreto impulsado por el gobierno de Javier Milei.
