El Gobierno argentino intensifica sus gestiones diplomáticas con Estados Unidos para lograr la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, antes de que termine el año. Desde el Ejecutivo aseguran tener identificado el lugar donde se encuentra retenido el argentino y reconocen que, con alta probabilidad, se trata de El Helicoide, sede del servicio de inteligencia venezolano.
La Casa Rosada señala que recibe reportes de inteligencia de agencias como la CIA (Estados Unidos), el Mossad (Israel) y la AISE (Italia) sobre la situación de Gallo, ya que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) no cuenta con agentes en territorio venezolano. “La información que tenemos no es propia, dependemos del trabajo de los aliados”, explican en el Gobierno.
En paralelo, el equipo político del presidente Javier Milei celebró la liberación de los cinco opositores asilados en la embajada argentina en Caracas —Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Ómar González— ocurrida el martes. El oficialismo atribuyó este logro a la alianza con la administración de Donald Trump. “No tenemos ninguna vía de diálogo con Maduro. No hubo contacto”, subrayan desde el entorno presidencial.
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Aunque el vocero Manuel Adorni aseguró que no existieron negociaciones con las autoridades venezolanas a través de países aliados, algunos sectores del oficialismo no descartan que haya habido contactos indirectos y sostienen que “no hay detalles sobre el trasfondo del operativo”. Según el comunicado oficial, los cinco opositores “fueron extraídos exitosamente de Caracas y trasladados a suelo estadounidense”.
De acuerdo con los informes que la SIDE remite a Presidencia, la salud de Nahuel Gallo es “buena” y su paradero está confirmado. En el Gobierno mantienen la estrategia de buscar su liberación por vías diplomáticas y mediante la presión de aliados como Estados Unidos. “Argentina no cuenta con capacidad operativa para organizar un escuadrón de rescate”, reconocen en el Ejecutivo.
La Casa Rosada también busca fortalecer el vínculo con la Casa Blanca para avanzar en acuerdos de cooperación en seguridad, inteligencia y defensa. Entre las negociaciones en curso figuran las condiciones para que ingenieros de las Fuerzas Armadas estadounidenses participen en la construcción de la base naval integrada en Ushuaia. El Gobierno apunta a reforzar los lazos con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y con el jefe del Comando Sur, Alvin Holsey.
En paralelo, las autoridades preparan un refuerzo de la inteligencia y los controles fronterizos. En ese marco, el Ejecutivo autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar mayores controles de seguridad en las fronteras —incluidas detenciones temporales de civiles— a través del decreto 1112/2024. Además, se mantiene la atención sobre las tensiones en Bolivia derivadas de la falta de divisas.
El Gobierno planea profundizar esta política restrictiva con una reforma migratoria, que evalúa implementar mediante decreto. La nueva reglamentación de la Ley de Migraciones (25.871) incluiría restricciones adicionales para la obtención de residencias y ciudadanías por parte de extranjeros, la aplicación de aranceles a los servicios sanitarios y universitarios para no residentes, y modificaciones en los procesos de deportación de inmigrantes en situación irregular.
