El gobierno del presidente Donald Trump solicitó ayer a la Corte Suprema de Estados Unidos eliminar las protecciones legales temporales que amparan a unos 350.000 venezolanos, lo que los dejaría expuestos a posibles deportaciones.
El Departamento de Justicia pidió al máximo tribunal suspender el fallo de un juez federal en San Francisco que mantiene vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos, medida que debía expirar el mes pasado.
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El TPS permite a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente cuando sus países de origen son considerados inseguros para regresar, ya sea por desastres naturales o conflictos civiles.
Previamente, una corte federal de apelaciones había rechazado la solicitud del gobierno para revocar el programa.
La administración Trump ha intentado retirar varias protecciones que han permitido a inmigrantes permanecer en el país, incluido el fin del TPS para cerca de 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos. El TPS se otorga en períodos renovables de 18 meses.
La apelación de emergencia ante la Corte Suprema se presentó el mismo día en que un juez federal en Texas declaró ilegales los intentos del gobierno de deportar a venezolanos bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, aunque ambos casos no están relacionados.
Las protecciones estaban programadas para expirar el pasado 7 de abril, pero el juez federal Edward Chen ordenó una pausa a los planes del gobierno. Chen argumentó que poner fin al TPS pondría en peligro las vidas de cientos de miles de personas y podría generar pérdidas económicas por miles de millones de dólares.
