El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, construyó un muro de aproximadamente nueve metros de altura sobre la canalización del río Tijuana, en la frontera con México. Esta estructura, que cruza el cauce del río, ha generado controversia por presuntamente violar tratados internacionales sobre límites territoriales y ambientales.
Expertos en ingeniería y funcionarios del estado de Baja California han alertado sobre los posibles impactos de esta construcción. El muro, equipado con compuertas para el flujo de agua, podría causar inundaciones en el centro de Tijuana y en San Ysidro, del lado estadounidense. Adriana Reséndez Maldonado, comisionada de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), señaló que la obra infringe un acuerdo binacional de 1977, además de otros tratados que establecen que cualquier intervención en el cauce del río debe ser consultada entre ambos países.
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«Los efectos de este muro podrían ser devastadores, con inundaciones, daños materiales y posibles pérdidas humanas en territorio mexicano», advirtió Reséndez Maldonado. A pesar de la postura oficial en contra de la construcción, hasta el momento no se han tomado acciones concretas.
A simple vista, el muro funciona como un puente para facilitar el acceso de la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP). Sus compuertas de acero, controladas electrónicamente, se abrirían en caso de un aumento en el caudal del río. Sin embargo, especialistas advierten que el diseño podría alterar el ecosistema y la dinámica hidráulica de la región.
«Un tema complejo que México debe atender»
Víctor Clark Alfaro, antropólogo y director del Centro Binacional de los Derechos Humanos, enfatizó que la situación «no solo tiene implicaciones ambientales y sociales, sino también políticas, pues pone a prueba la postura del gobierno mexicano ante una violación evidente de acuerdos internacionales».
Una fuente cercana a la CILA en México, que prefirió el anonimato, reveló a EFE que el gobierno mexicano ha estado al tanto del proyecto desde sus inicios, pero no ha tomado medidas para frenar su avance. «La cuestión es determinar hasta qué punto esta construcción afectará el ecosistema y qué tanto el gobierno de México ha permitido su desarrollo, a pesar de la oposición de organismos estadounidenses y actores políticos», señaló la fuente.
El río Tijuana, con una extensión de 195 kilómetros, fluye entre México y Estados Unidos, uniendo sus aguas en la zona urbana de Tijuana antes de desembocar en el océano. La polémica por el muro refuerza la necesidad de abordar la gestión fronteriza de manera bilateral, respetando los acuerdos vigentes y mitigando los posibles impactos en ambas naciones.
