El Poder Judicial y el Ejecutivo de Estados Unidos siguen enfrentados tras la deportación de 238 migrantes venezolanos a la cárcel de máxima seguridad Cecot en El Salvador. El gobierno de Donald Trump justificó la medida alegando que los deportados tienen vínculos con la banda criminal Tren de Aragua. Sin embargo, el juez James Boasberg advirtió que los casos no fueron evaluados de forma individual y que la administración de Trump aún no ha presentado pruebas suficientes que respalden esta acusación.
Ante la solicitud del magistrado y el bloqueo temporal de la Ley de Enemigos Extranjeros, impuesto por Boasberg, Trump invocó el 24 de marzo el privilegio de secretos de Estado.
El documento que oficializa la medida fue firmado por Marco Rubio, secretario de Estado; la fiscal general Pam Bondi; y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. «Revelar más información sobre los vuelos de deportación amenaza con perjudicar los intereses de EE. UU. en asuntos exteriores y seguridad nacional», justificó Rubio.
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¿Qué es el privilegio de secretos de Estado?
Se trata de un recurso legal que permite al presidente de EE. UU. restringir la divulgación de información cuando se considera que su difusión pondría en riesgo la seguridad nacional. Según la ONG Fundación Frontera Electrónica (EFF, por sus siglas en inglés), este privilegio no exime al Poder Judicial de revisar los hechos.
A pesar de ello, la fiscal general Pam Bondi y otros funcionarios del Departamento de Justicia han argumentado que la información solicitada por Boasberg no es relevante para el caso. No obstante, el magistrado insiste en que estos datos podrían determinar si los deportados realmente tienen vínculos con el Tren de Aragua o antecedentes penales.
“El Poder Ejecutivo no violó ninguna orden válida con sus acciones, y la corte tiene todo lo necesario para evaluar su cumplimiento. Por consiguiente, la investigación debe concluir”, respondió Bondi a la solicitud de Boasberg.
Información requerida por Boasberg
El juez pidió al Departamento de Justicia detalles sobre el momento exacto en que los aviones con los migrantes despegaron y abandonaron el espacio aéreo estadounidense. También exigió información sobre el proceso de transferencia de los deportados y los antecedentes de cada uno.
Según Boasberg, a pesar de la invocación del privilegio de secretos de Estado, las autoridades están obligadas a determinar si la medida se aplicó correctamente. Además, reiteró que los migrantes deben tener derecho a impugnar su deportación y a que se respeten las fechas de sus permisos temporales en EE. UU., siempre que no tengan antecedentes penales.
La posición de Boasberg sobre la deportación al Cecot
El 15 de marzo de 2025, el gobierno de EE. UU. trasladó a 238 venezolanos al Cecot, alegando su supuesta relación con el Tren de Aragua. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó la información a través de un video publicado en redes sociales.
Ese mismo día, el juez Boasberg suspendió temporalmente las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Posteriormente, el 24 de marzo, ratificó el bloqueo, insistiendo en que los deportados deben poder impugnar individualmente su caso ante los tribunales estadounidenses.
Boasberg también criticó la falta de transparencia del gobierno de Trump, señalando que el decreto de deportación se publicó el 15 de marzo, apenas una hora antes de una visita judicial de emergencia. “Expulsar a un extranjero sin darle la oportunidad de salir voluntariamente del país o de impugnar la orden es ilícito”, escribió el magistrado.
Republicanos buscan destituir a Boasberg
El bloqueo temporal de la Ley de Enemigos Extranjeros ha generado una ofensiva del Partido Republicano contra Boasberg.
«Si un presidente no puede expulsar asesinos y criminales porque un juez de izquierda radical quiere asumir el poder, EE. UU. está en problemas», publicó Trump el 19 de marzo en su red social, Truth Social.
El 18 de marzo, el congresista republicano Brandon Gill presentó un proceso legislativo en la Cámara de Representantes para destituir a Boasberg. A esta iniciativa se sumaron el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Steven Miller, y la congresista Lauren Boebert, quienes calificaron al juez de «activista» y lo acusaron de «robar el voto y la voz del pueblo estadounidense».
