Mirelys Casique, madre de Francisco García, uno de los venezolanos deportados de Estados Unidos a El Salvador tras ser señalado como presunto miembro del Tren de Aragua, denunció que su hijo es inocente y exigió su retorno a Venezuela.
En una entrevista con Telemundo, Casique contó que García la llamó desde Texas para informarle que estaba retenido en un centro de detención en Laredo y que sería enviado a otro país, sin conocer su destino. Pese a una orden judicial que bloqueaba la medida por 14 días, la deportación se ejecutó y los venezolanos fueron trasladados a El Salvador.
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Críticas a la deportación
La ONG Provea rechazó la medida el 16 de marzo, señalando que más de 200 venezolanos fueron deportados sin que se respetara el debido proceso.
“Este grupo de deportados ha sido enviado a un sistema carcelario señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por abusos, quedando aislados de sus familias y sin garantías de defensa”, denunció la organización.
Provea cuestionó la legalidad de la operación y el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que permite la detención y deportación de ciudadanos de países considerados enemigos sin audiencia previa. La ONG advirtió que los venezolanos deportados quedaron a merced de las autoridades salvadoreñas sin protección de sus derechos fundamentales.
«Pido que lo investiguen»
Casique reiteró que su hijo no tiene antecedentes penales y que fue identificado en las imágenes de los deportados gracias a un tatuaje en su brazo. “Pido que lo revisen en Interpol, donde sea, para que vean que no es un delincuente y lo envíen a su país”, declaró el 16 de marzo.
Según su madre, García se desempeñaba como barbero y su único delito fue ingresar de manera irregular a Estados Unidos.
El Salvador recibe a los deportados
El presidente salvadoreño Nayib Bukele confirmó el 16 de marzo la llegada de 238 presuntos integrantes del Tren de Aragua, quienes fueron trasladados al Centro de Reclusión para Terroristas (CECOT) por un año, con posibilidad de extensión.
Medios internacionales informaron que el gobierno de Trump acordó pagar 6 millones de dólares a El Salvador por el traslado de los deportados.
El 15 de marzo, la administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones. Sin embargo, horas después, el juez federal James Boasberg bloqueó temporalmente su aplicación. Inicialmente, la prohibición se aplicaba a cinco venezolanos, pero luego se amplió a todos los no ciudadanos bajo custodia en Estados Unidos que podrían ser afectados por la normativa.
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