El Gobierno argentino presentó una denuncia contra la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los detenidos por los disturbios ocurridos en el Congreso durante la marcha de jubilados el pasado miércoles. La denuncia fue presentada a las 7:30 a. m. por Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich. Se le acusa de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
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Grupos organizados y actos de violencia
En la denuncia, el Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos señaló la presencia de “grupos organizados de ‘barras bravas’” pertenecientes a distintos clubes de fútbol, como Chacarita, Boca, River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Tigre, Lanús y Los Andes, entre otros.
Según la acusación, estos grupos, ajenos a la convocatoria de jubilados, comenzaron a agredir a las fuerzas de seguridad apenas llegaron al Congreso. Se les responsabiliza por ataques con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego, así como por incendiar una moto policial y un patrullero, dañar bienes públicos y lesionar a más de una docena de agentes.
El documento destaca que estas acciones fueron “premeditadas y organizadas”, ya que los agresores llegaron con palos, fierros, cuchillos, armas de fuego, clavos ‘miguelito’ y elementos incendiarios. Además, se advierte que estos grupos buscan provocar disturbios, enfrentarse a la policía y generar represión como parte de sus tácticas violentas.
Acusaciones contra la jueza Karina Andrade
El Gobierno argumenta que la jueza Andrade incurrió en graves irregularidades al liberar a los detenidos. Entre los puntos señalados en la denuncia se mencionan:
- Irregularidades en el procedimiento: Se acusa a Andrade de haber ignorado las normas procesales establecidas, creando un procedimiento propio y atribuyéndose facultades que no le correspondían. Se la señala por intervenir sin jurisdicción y ordenar la liberación de los detenidos en flagrancia.
- Uso de WhatsApp para dictar resoluciones: Según la denuncia, la jueza no participó en las actuaciones oficiales de la fiscalía, sino que resolvió la liberación de los detenidos a través de un grupo de mensajería instantánea en el que incluyó a la fiscalía y a la defensa en turno.
- Liberación sin revisión de antecedentes: Se la acusa de liberar a 114 detenidos sin analizar la evidencia, sin consultar antecedentes penales y sin dejar registros oficiales. Según el Gobierno, muchos de los liberados contaban con antecedentes por lesiones, amenazas agravadas, tenencia de armas, tráfico de drogas y robos agravados.
- Motivaciones ideológicas y falta de justificación legal: En la denuncia se sostiene que la decisión de la jueza no tuvo fundamentos jurídicos, sino una “intención política”. Además, se señala que, tras conocer la posibilidad de ser denunciada, Andrade argumentó que no había espacio para alojar a los detenidos, aunque esto no fue consignado en su resolución.
El Gobierno considera que la jueza Andrade incurrió en prevaricato, abuso de autoridad y encubrimiento al ordenar la liberación de los detenidos sin fundamentos legales. Además, subrayó que los actos de violencia registrados durante la manifestación constituyen delitos y no formas legítimas de protesta.
