El Centro Carter publicó el lunes 17 de febrero su informe final sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, concluyendo que el proceso no cumplió con estándares internacionales de integridad electoral y, por lo tanto, no puede considerarse democrático.
El informe denuncia la falta de transparencia en el anuncio de resultados y la posible falsificación de los mismos, evidenciando que las autoridades venezolanas no garantizaron una elección justa. También resalta que, pese a los compromisos del Acuerdo de Barbados para mejorar las condiciones electorales, el proceso favoreció a Nicolás Maduro.
Según la organización, que desplegó observadores en Caracas, Valencia, Barinas y Maracaibo, en Venezuela no hay un marco legal neutral, ni un organismo electoral imparcial, ni libertad plena para hacer campaña o informar. Tampoco hubo una competencia justa, oportunidades equitativas para observar el proceso ni mecanismos efectivos para resolver disputas.
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Resultados y denuncias
Aunque el CNE proclamó a Maduro ganador con 51,2 % de los votos frente al 44,2 % de Edmundo González Urrutia, el informe señala que las actas publicadas por la oposición son confiables y reflejan un resultado irreversible a su favor. Además, denuncia la suspensión de auditorías poselectorales que habrían permitido verificar el presunto ciberataque alegado por el CNE.
El Centro Carter también acusa al gobierno de Maduro de intensificar restricciones a derechos fundamentales, como la libertad de expresión, asociación y movimiento.
Reacciones y crisis política
La reelección de Maduro no superó las evaluaciones del Centro Carter ni del Panel de Expertos de la ONU, y las protestas en más de 350 ciudades fueron rápidamente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Paralelamente, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, ratificó los resultados sin permitir una revisión independiente, lo que reforzó el desconocimiento del proceso por parte de la comunidad internacional.
Recomendaciones
El Centro Carter instó a las autoridades venezolanas a permitir una revisión transparente de los resultados y eliminar normativas que restringen derechos, como la Ley contra el Fascismo y la Ley de ONG. Además, recomendó:
- Reformar el proceso de designación del CNE para garantizar imparcialidad.
- Publicar información electoral de forma oportuna y sistemática.
- Mejorar la capacitación de miembros de mesa para evitar sustituciones arbitrarias.
- Establecer criterios claros para la creación de centros de votación.
- Garantizar el registro electoral de migrantes sin restricciones innecesarias.
- Eliminar la potestad del contralor general de inhabilitar candidatos sin sentencia judicial.
- Regular el financiamiento político con una ley efectiva.
- Implementar auditorías preelectorales y poselectorales obligatorias.
- Limitar mecanismos de control social del voto, como los “puntos rojos”.
El informe concluye que el respeto a la voluntad popular exige cambios urgentes en el sistema electoral venezolano.
