La recién confirmada fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, emitió un memorando con el cual pretende revivir la pena de muerte federal y levantar la moratoria sobre las ejecuciones federales, en particular contra inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves.
El documento busca implementar una orden ejecutiva del presidente Donald Trump y revertir la moratoria sobre las ejecuciones federales instituida durante el mandato del expresidente Joe Biden.
Para julio de 2021, el entonces fiscal general, Merrick Garland, pausó las ejecuciones reanudadas durante el primer mandato de Trump tras 17 años, debido a su significativo aumento (13 en seis meses).
La disposición de Bondi anula la orden de Garland y exige al Departamento de Justicia ejecutar las sentencias de muerte impuestas por los tribunales federales del país.
Asimismo, ordena a los fiscales solicitar dicha pena para los «delitos más graves y fácilmente demostrables», en casos legalmente elegibles para ella.
Por otro lado, también restablece un memorando de 2018 del ex fiscal general Jeff Sessions, quien solicitó también la pena de muerte para casos relacionados con drogas si las circunstancias del delito lo permitían.
La política también se aplicará a los casos de delitos capitales no relacionados con drogas cometidos por cárteles, organizaciones criminales transnacionales y extranjeros que cruzan nuestras fronteras y permanecen en EE UU sin estatus legal», instruyó la fiscal general.
La pena de muerte sólo se aplicaría a inmigrantes en situación migratoria irregular acusados de delitos capitales, definidos por la justicia estadounidense como «asesinato, traición, genocidio o el asesinato o secuestro de un congresista, el presidente o un juez de la Corte Suprema».
El simple hecho de estar indocumentado no es razón para recibir la pena de muerte.
