El Gobierno decidió ralentizar la reducción de subsidios a la energía para evitar un impacto en la inflación antes de las elecciones legislativas de octubre. El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que el anuncio de un fuerte recorte en las subvenciones fue un «error», ya que implicaría un incremento del 12,3% en la tarifa eléctrica para los usuarios de menores ingresos. Según explicó, el año pasado la reducción de subsidios fue del 35%, lo que justifica un ajuste más gradual en 2025.
Con este cambio de estrategia, la eliminación de subsidios se distribuirá en 11 meses. En febrero, el aumento en la luz será del 1,5% y en el gas, del 1,6%, en línea con la inflación proyectada.
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La corrección en la política tarifaria refleja la preferencia del Ministerio de Economía por avanzar con cautela en la reducción del gasto en subsidios energéticos. La medida busca evitar un golpe inflacionario en un año electoral, donde el impacto en el bolsillo de los ciudadanos podría generar costos políticos.
Inicialmente, el plan del Gobierno era reducir el porcentaje subsidiado en un solo mes, pero ahora la quita será progresiva. La Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) deberán emitir en los próximos días nuevas resoluciones que modifiquen lo publicado previamente en el Boletín Oficial.
El objetivo oficial es eliminar la actual segmentación de subsidios vigente desde octubre de 2022 y establecer un esquema en el que algunos usuarios reciban asistencia y otros queden completamente excluidos. Sin embargo, la polémica generada por el aumento en la luz para los sectores más vulnerables y su posible efecto en la inflación pusieron en duda la implementación inmediata del plan impulsado por Caputo, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti.
Un respiro fiscal en año electoral
El Gobierno argumenta que la recaudación tributaria de enero ofrece margen para un ajuste más gradual. En el primer mes de 2025, la recaudación creció un 5,6% interanual en términos reales (descontando la inflación, cuyo dato oficial se conocerá el 13 de febrero). Los impuestos que administra la Nación aumentaron un 4,9% en términos reales, lo que mantiene los ingresos fiscales alineados con la actividad económica, prevista para crecer un 5% este año.
El “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”, creado como alternativa al fallido esquema de la “Canasta Básica Energética”, finaliza el 31 de mayo, aunque podría extenderse hasta octubre.
Las dudas y correcciones en la política tarifaria reflejan la estrategia del Gobierno de reducir el gasto en áreas menos sensibles para la población, con el objetivo de mantener el superávit fiscal como una prioridad innegociable.
En marzo, los aumentos en luz y gas podrían ser aún menores, mientras que a partir de abril se prevé un esquema de incrementos mensuales con un tope de 9,9% por encima de la inflación. Estos ajustes buscan normalizar el sector energético y reactivar el cumplimiento de los contratos de concesión de los servicios públicos.
Según la consultora Economía & Energía, los subsidios a la energía se redujeron un 35,5% en 2024, pasando de 9.683 millones de dólares (1,5% del PIB) a 6.252 millones de dólares (1%). Esto se debió a los aumentos tarifarios y a la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, que permitió sustituir importaciones, abaratar el abastecimiento interno de gas y reducir el costo de generación eléctrica.
Los datos de 2024 representan la menor carga de subsidios energéticos sobre el PIB en los últimos 15 años, según el análisis del economista Nicolás Arceo.
