La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley Laken Riley, una normativa que permite a las autoridades migratorias detener a migrantes indocumentados implicados en delitos menores, como robos.
La ley fue aprobada el 22 de enero con 262 votos a favor, que incluyeron el respaldo de la bancada republicana y 46 legisladores demócratas. En contra, se contabilizaron 156 votos. Previamente, el proyecto había superado el trámite en el Senado el 20 de enero, con 64 votos a favor, incluyendo 12 de senadores demócratas, y 35 en contra.
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Alcances de la Ley Laken Riley
La normativa autoriza la detención de migrantes indocumentados involucrados en delitos menores, como hurtos en supermercados. Los detenidos pasarán bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Adicionalmente, la ley otorga nuevas facultades a los fiscales generales de los estados, quienes podrán intervenir en decisiones de política migratoria del gobierno federal. Entre otras medidas, los fiscales podrán presionar al Departamento de Estado para restringir la emisión de visas a ciudadanos de países que no acepten deportaciones de Estados Unidos.
Críticas a la normativa
La Ley Laken Riley, promovida por el congresista republicano Mike Collins, ha sido fuertemente criticada por expertos en derecho migratorio y activistas. Señalan que la normativa socava el debido proceso y facilita los planes del presidente Donald Trump de implementar deportaciones masivas.
El Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés) advierte que esta ley debilita la presunción de inocencia, amenaza las garantías constitucionales y podría complicar el trabajo de los fiscales al forzar la detención de migrantes antes de sus audiencias penales.
Además, estimaciones de medios estadounidenses indican que la implementación de esta ley requeriría más de 3.000 millardos de dólares adicionales en presupuesto, así como aumentar la capacidad de detención de migrantes a más de 60.000 camas.
El caso que dio nombre a la ley
La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de 22 años asesinada en febrero de 2024 en el campus de la Universidad de Athens, Georgia. La investigación determinó que el responsable del crimen fue José Ibarra, un migrante venezolano de 27 años, quien fue condenado a cadena perpetua por agresión agravada y asesinato.
Ibarra tenía antecedentes de delitos menores, como robos en supermercados, lo que desató un debate nacional sobre el manejo de migrantes con historial delictivo. El caso fue utilizado por el Partido Republicano como argumento para endurecer las políticas migratorias durante la campaña presidencial de Donald Trump.
Implicaciones adicionales del caso
Diego Ibarra, hermano del acusado, fue detenido en marzo de 2024 por portar una tarjeta de residencia falsa. Durante la investigación, se le vinculó con la banda criminal Tren de Aragua, lo que resultó en la negación de fianza.
La Ley Laken Riley es vista por sus promotores como un paso hacia el fortalecimiento de la seguridad nacional, pero sus críticos alertan sobre las implicaciones éticas, legales y económicas de su implementación.
