Un ciudadano venezolano, Jarrison Derek Chaparro Asicle, fue condenado a ocho años y diez meses de prisión por los delitos de trata de personas y explotación sexual en perjuicio de una mujer colombiana en Perú. Según el reporte oficial de la Fiscalía, además de la pena de cárcel, se le impuso una multa de S/25,000 como reparación civil a favor de la agraviada.
La condena será computada desde su detención, el 3 de agosto de 2023, y culminará el 2 de junio de 2032, fecha en la que se procederá a su expulsión inmediata del país.
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Captación y explotación de la víctima
De acuerdo con la investigación fiscal, la víctima fue captada en mayo de 2023 en Colombia por Madeleine Sánchez, quien le ofreció un empleo en una distribuidora de cosméticos en Lima, incluyendo los gastos de traslado y estadía.
Sin embargo, al llegar a Pucallpa tras un largo recorrido, la mujer fue despojada de su cédula de identidad y teléfono móvil. Bajo la supervisión de alias «Derek» y «Sifrino», fue sometida a explotación sexual, obligada a trabajar en clubes nocturnos y a prestar servicios sexuales. La víctima recibía solo una mínima parte de las ganancias, mientras los explotadores justificaban la situación con una supuesta deuda de S/12,000, atribuida a los costos de su traslado y estadía.
La denuncia y la captura
El 3 de agosto de 2023, la víctima, cansada de las amenazas y la explotación, denunció los hechos a las autoridades. Esa misma noche, un operativo policial realizado en el distrito de Callería culminó con la detención de Chaparro Asicle, quien fue encontrado en un mototaxi portando una cédula de identidad falsificada perteneciente a la víctima.
Pruebas contra el condenado
La Fiscalía presentó como evidencia conversaciones telefónicas que confirmaban la explotación, exámenes médicos de la víctima y documentos falsificados utilizados para encubrir la actividad ilegal. Además, se identificaron amenazas provenientes del entorno del sentenciado hacia la agraviada.
El caso ha generado un llamado de atención sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y combate contra la trata de personas y la explotación sexual en la región.
