Una madre, entre lágrimas, denunció ante el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) las humillaciones sufridas durante las últimas requisas en el Centro Penitenciario Yare III, estado Miranda, Venezuela. Estas agresiones se intensificaron tras las vigilias y concentraciones realizadas por familiares de detenidos en las manifestaciones poselectorales, quienes exigían justicia frente al Ministerio Público.
Desde el inicio, en la fila de ingreso al penal, las madres enfrentaron violencia psicológica. El director del recinto, Ángel Castro, las amenazó con revisar sus teléfonos y leer sus conversaciones privadas, mientras lanzaba burlas sobre su activismo. “Aquí están las mujeres que les gusta hacer TikTok y declarar a la prensa. Sigan haciéndolo, que ya les viene su sorpresita”, relató una de las afectadas.
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Requisas humillantes
Una vez en el área de requisa, los abusos se intensificaron. Una madre narró cómo una funcionaria de la Guardia Nacional le jaló el cabello y la obligó a sacar la lengua antes de iniciar una revisión degradante. «Nos ordenaron desnudarnos y colocaron nuestra ropa en el piso. Luego, me pidieron que me recostara contra la pared, abriera las piernas como si fuera a parir y me sostuviera la vagina con las manos mientras iluminaban con un celular mis partes íntimas«, relató, aún llorando.
La vejación no terminó ahí. Aunque ya había sido revisada, la obligaron a repetir todo el proceso. Otra mujer presente enfrentó una requisa aún más invasiva, durante la cual el director Castro ingresó al cuarto mientras ambas permanecían desnudas.
Intimidación y represalias
El director del OVP, Humberto Prado, denunció que estas acciones buscan intimidar a las familias de los presos políticos, limitando su derecho a la información y la protesta. «Estas requisas son una grave violación a la dignidad humana y un mecanismo de represión contra quienes se atreven a alzar la voz«, afirmó.
Prado destacó que, además de los tratos crueles, las familias reciben amenazas constantes. “Los custodios advierten a los reclusos que sus madres están ‘en la mira’ si continúan con sus declaraciones públicas. Esto genera temor entre los familiares y lleva a algunos a evitar las visitas, por miedo a represalias contra los detenidos”.
Restricciones en otros penales
El patrón de abusos no se limita a Yare III. En el Internado Judicial de Carabobo (Tocuyito), una mujer denunció que le negaron la visita a su hermano preso por aparecer en videos en la prensa. Además, en Tocuyito y el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), familiares reportaron cambios inesperados en los horarios de visita, traslados arbitrarios de reclusos y casos de aislamiento extremo.
En Tocuyito, se documentaron presuntas torturas, incluyendo aislamiento sin acceso a agua y reclusos colgados por los brazos o golpeados.
Exigen acciones inmediatas
El OVP insta al Ministerio Público a investigar al director Ángel Castro por los tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos en Yare III. Asimismo, exige la liberación de los detenidos arbitrariamente en las manifestaciones poselectorales y el cese de las violaciones de derechos humanos en los penales venezolanos.
“La prisión no solo afecta a los detenidos, sino también a sus familias, causando daños físicos y emocionales. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y ponga fin a estos actos de barbarie”, concluyó Prado.
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Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones.-
