El Gobierno ha enviado al Congreso un proyecto de ley para simplificar el proceso de divorcio, proponiendo que este pueda realizarse por vía administrativa siempre que ambos cónyuges estén de acuerdo. En la actualidad, se requiere un expediente judicial. Esta iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, busca agilizar los trámites y reducir costos.
Además, también fue presentada una propuesta para acelerar el retiro de fondos de depósitos judiciales. Ambas medidas llevan el sello de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Simplificación del Estado, designado por Javier Milei para reducir la burocracia en la administración pública. Estos proyectos se suman a la conocida “ley hojarasca”.
El proyecto de divorcio simplificado, respaldado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente, propone modificar el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación para incluir el divorcio en sede administrativa como una nueva causal de disolución del matrimonio, junto a la muerte de uno de los cónyuges o la presunción de fallecimiento a través de sentencia judicial.
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Según el proyecto, los divorcios judiciales actuales demandan tiempo y dinero, lo que implica un proceso costoso y prolongado. La nueva medida busca otorgar mayor libertad a las partes y reducir los gastos asociados. La reforma también pretende aliviar la carga sobre el sistema judicial, permitiendo que los divorcios puedan realizarse mediante un trámite administrativo, de mutuo acuerdo, ante el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.
En relación con los depósitos judiciales, la propuesta apunta a reducir la cantidad de pasos y costos asociados, priorizando la transferencia electrónica de fondos. Se eliminaría la extracción presencial y la obligación de presentar un “formulario de libramiento” ante el juez. Además, se suprimirían los costos de los giros de dinero, impuestos actualmente mediante estampillas judiciales.
El proyecto también elimina la exclusividad del Banco Nación para los depósitos judiciales, permitiendo que los tribunales elijan la entidad bancaria en la que se realicen. Estas medidas buscan agilizar los procesos, promover la competencia y mejorar la eficiencia en la custodia de los bienes en causas penales.
