La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, firmaron una declaración conjunta que establece un «compromiso y cooperación» entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado, según informaron fuentes oficiales este martes.
Denominada «nueva doctrina contra el crimen organizado», la declaración de ocho principios fue firmada durante la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a Argentina.
Bullrich celebró este acuerdo en su cuenta de X, calificándolo como un «acuerdo histórico» que «refleja un cambio de paradigma en la lucha contra el narcoterrorismo». En su mensaje, destacó que esta «nueva doctrina revolucionaria» se basa en «principios fundamentales», enfatizando que están «del lado de las víctimas, nunca de los victimarios», y que combaten a los criminales «con toda la fuerza del Estado».
El primer principio establece la necesidad de una «política criminal orientada al control territorial como eje de soberanía», afirmando que el Estado «no debe renunciar al control absoluto de su territorio ante la amenaza del crimen organizado».
Como Ministra de Seguridad, firmé un acuerdo histórico con El Salvador que refleja un cambio de paradigma en la lucha contra el narcoterrorismo que venimos llevando adelante.
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 1, 2024
Esta nueva doctrina revolucionaria se basa en varios principios fundamentales: el control territorial… pic.twitter.com/81P9JJLKrD
El segundo principio se centra en la «lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero», comprometiéndose a «coordinar acciones en común, intercambiar información y establecer mecanismos estables de financiamiento para los sistemas de seguridad».
Ambos ministros repudiaron «cualquier política que defienda el derecho al acceso a drogas ilegales» y afirmaron que creen «en la obligación del Estado de reducir al mínimo la oferta ilegal».
Defendieron que sus países necesitan «leyes contra las mafias y organizaciones criminales que incluyan penas agravadas» y que otorguen «facultades ampliadas para el trabajo de las fuerzas policiales y de seguridad», así como para los ministerios públicos fiscales.
Se comprometieron a «reforzar mecanismos de cooperación y coordinación de acciones contra el lavado de activos», actuando bajo el principio de investigaciones paralelas en cada caso relacionado con el delito organizado, y asegurando la «rápida restitución de los elementos utilizados por el narcotráfico a las víctimas».
El tercer principio busca «dignificar el rol policial», declarando su «firme respaldo» al personal de seguridad pública y apoyando la «implementación de estrategias conjuntas y el intercambio de conocimientos», así como la promoción de programas de intercambio de oficiales y expertos entre ambos países.
En cuanto al «marco normativo», el cuarto principio sostiene la «necesidad de reformar los Códigos Penales para incluir nuevas figuras y penas más severas», abarcando aspectos como el régimen penal juvenil y la modificación del régimen de reincidencia, además de ampliar las acciones sobre la legítima defensa y el cumplimiento del deber, evitando la revictimización en casos delictivos.
El quinto principio se enfoca en el «control del Estado en las cárceles», exigiendo una «clara identificación y clasificación de la población carcelaria», con medidas específicas para la población de alto riesgo, controles permanentes en los penales y el «fin de las comunicaciones libres y sin control» dentro de estos.
El sexto principio propone poner fin a la «burocracia a favor del delito», en particular aquella que defiende intereses sectarios.
Los ministros reafirmaron su compromiso de «homologar procedimientos» en materia policial, legal y criminal, considerándolo fundamental entre los países de América Latina.
Finalmente, defendieron la creación de «organismos internacionales desideologizados» y sin sesgos que sean «empáticos con el crimen organizado», acusándolos de socavar «las estrategias de prevención institucional del delito», lo que, según señalaron, resulta en el «empoderamiento de las organizaciones criminales».
