Lo peor que le puede pasar al familiar de un privado de libertad es no saber su estado de salud o bajo qué condiciones fue encarcelado. Esta es precisamente la aberrante situación que atraviesan los familiares de más de 700 presos políticos que fueron trasladados desde diversos calabozos policiales en todo el territorio nacional hasta el Internado Judicial de Aragua, conocido como Tocorón, y el Internado Judicial de Tocuyito en el estado Carabobo.
Durante los últimos días han surgido todo tipo de informaciones que dan testimonio de las violaciones a los derechos humanos contra la población penitenciaria en nuestro país. Desde dramáticos audios de las mujeres tras las rejas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado Miranda, donde claman por ayuda y presencia de la prensa porque las están torturando, hasta la excarcelación de 76 adolescentes aprehendidos.
Al respecto, es importante mencionar que las detenciones de menores de edad son una estrategia deliberada del régimen para sembrar el miedo, reprimir la disidencia y una violación directa de los tratados internacionales sobre los derechos del niño y adolescentes, que garantizan su protección especial en situaciones de conflicto. Al actuar de esta manera, el régimen venezolano no solo atenta contra las libertades civiles, sino que también perpetúa un ciclo de represión que afecta profundamente el futuro de la juventud del país.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hemos recabado y documentado muchas denuncias sobre violaciones contra los derechos humanos de los hombres, mujeres y adolescentes detenidos en las protestas postelectorales, las cuales que fueron enviadas a los organismos internacionales para que puedan evaluar su gravedad y ofrecer protección a las víctimas.
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En ese sentido, tal como hemos denunciado con anterioridad, preocupa en gran medida las condiciones de encarcelamiento de más de 700 personas, a quienes hasta la fecha no les han permitido visitas ni la designación de sus abogados de confianza, limitando su capacidad de recibir apoyo tanto legal como emocional, creando un entorno propicio para la tortura, el maltrato y otros abusos.
La privación de visitas de familiares exacerba el sufrimiento de los detenidos, aumentando su vulnerabilidad y deshumanización. Este tipo de prácticas, que son contrarias a las normativas internacionales de derechos humanos, reflejan un sistema punitivo que busca quebrantar la resistencia de los presos y debilitar su capacidad de oponerse a la injusticia. Además, la falta de contacto con un equipo legal de su preferencia compromete la equidad del proceso judicial, dado que los detenidos quedan indefensos frente a las acusaciones en su contra.
Aunado al sufrimiento de los privados de libertad, los familiares deben sacar recursos de donde no tienen para recorrer hasta más de 600 kilómetros hasta los recintos penitenciarios. Tal como denunciamos en nuestro informe «El desvío de la justicia: Traslados de las personas privadas de libertad bajo un enfoque de derechos humanos«, son muchos los venezolanos que deben pagar hasta 182 dólares ida y vuelta solo en transporte, sin contabilizar la comida, estadía y lo que se invirtió para llevar insumos al recluso.
En tanto, las personas que pueden visitar a los presos deben ser familiares directos, principalmente madres y esposas, pero en su mayoría son las madres quienes se encargan de esta fatídica tarea. Además, la situación económica de muchos familiares no les permite realizar estos gastos ni siquiera de forma mensual, por lo que miles de presos son abandonados a su suerte.
Pero no solo se trata del costo económico, sino del daño psicológico al que son sometidos los familiares. En algunos casos las madres o padres recorren hasta tres recintos penitenciarios sin encontrar una sola lista en el que figure el nombre de su ser querido, incluso algunos se animan a trasladarse hasta la morgue con el temor de que lo peor haya sucedido.
Desde las cárceles de Tocorón y Tocuyito la única respuesta que han recibido es una invitación a retirarse de las adyacencias, con la excusa de que les avisarán cuando puedan ingresar pero ni siquiera les aseguran que su ser querido se encuentre en estas instalaciones. Los más arriesgados se quedan durmiendo en los alrededores porque no tienen cómo pagar un hospedaje, siempre con el temor de ser víctimas del hampa, mientras que otros vuelven a sus hogares sin ninguna esperanza.
Es de resaltar que en la cárcel de Tocorón se encuentran vigentes las medidas provisionales emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las graves violaciones de derechos humanos perpetrados en su interior. Sin embargo, la falta de acción del Estado en torno a estas medidas evidencia un incumplimiento de sus obligaciones internacionales y agrava la crisis humanitaria dentro del sistema penitenciario.
No ven la luz del sol
Para quienes continúan en los centros de detención preventiva, la situación no es más esperanzadora. Aunque reciben visita durante pocos minutos porque les deben llevar comida, entre otros insumos, sus condiciones de reclusión son totalmente inhumanas.
A algunos les ha tocado dormir en colchonetas en el piso y no han visto la luz del sol desde el primer día de su detención, así como también sobreviven hacinados y vigilados, incluso durante la visita, como si se tratara de criminales de alta peligrosidad. En ese sentido, los familiares aseguran que no pueden conversar libremente y desconocen si reciben la totalidad del agua y los alimentos que les envían a diario.
El clima de miedo en Venezuela
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señaló que en Venezuela existe un clima de miedo y manifestó su preocupación al respecto.
Ravina Shamdasani, portavoz de la ACNUDH, dijo además que en Venezuela se está deteniendo a las personas por manifestar su derecho a la participación política, a la libertad de expresión y a la libertad de asamblea.
Por su parte, Stephan Dujarric, portavoz del Secretario General de la ONU, António Guterres, declaró que el Secretario General reiteró su llamamiento a la protección plena y el respeto de los derechos humanos, y recordó que «nadie debe ser sometido a arresto o detención arbitraria».
Desde el OVP hacemos énfasis en que todas las personas detenidas arbitrariamente, quienes deberían gozar de libertad plena y sin restricciones, merecen un trato digno y conforme a las leyes nacionales e internacionales. Exigimos el fin inmediato de la tortura, la incomunicación y otros tratos inhumanos, así como el respeto al debido proceso.
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Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones.-
