La campaña electoral de las presidenciales de 2024 en Venezuela estuvo marcada por la violencia y el abuso del poder por parte de Nicolás Maduro, denunció la ONG Un Mundo Sin Mordaza.
Rodrigo Diamanti, presidente de la organización, declaró que durante los 21 días que duró la campaña contaron más de 130 casos de violaciones de las leyes, detenciones y abuso de poder ejecutadas por el gobierno de Maduro en un contexto de rechazo generalizado a su gestión.
«Vemos con mucha preocupación la escalada de violencia de Estado que hubo durante el 4 de julio, cuando se inicio la campaña, hasta su cierre el 25. Todos estos casos tienen un objetivo en común, que es cercenar la libertad de expresión de los venezolanos y, por consiguiente, intervenir de forma indirecta en el ejercicio del voto con la política de terror que intenta sembrar Maduro», expresó Diamanti.
En nombre de la ONG que defiende la libertad de expresión en Venezuela, señaló que los casos más graves fueron las detenciones arbitrarias, la persecución y el cierre de comercios que prestaron servicios a la ganadora de las primarias de la oposición, María Corina Machado.
Detenciones arbitrarias, hostigamientos y persecución
El activista detalló que desde el comienzo de la campaña electoral en Venezuela, registraron 76 detenciones arbitrarias, las cuales violan el Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 44 de la Constitución, que garantiza el derecho a la libertad personal.
También denunció que documentaron 28 casos de hostigamientos perpetrados por diferentes actores, entre ellos la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con 10 incidentes; el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), con 5, y motorizados civiles, con 2, entre otros.
«Estos actos de hostigamiento constituyen violaciones del Artículo 19 del PIDCP, que protege la libertad de expresión y el derecho a no ser molestado a causa de opiniones, así como el artículo 57 de la Constitución venezolana», agregó.
Un Mundo Sin Mordaza recibió el reporte de 20 casos de persecución como medida de represalia por prestar bienes y servicios a la campaña de la Plataforma Unitaria, a lo cual se suman otros 4 casos de intento de retención de bienes.
Violencia política durante la campaña electoral
«Estos hechos jamás vistos en una elección presidencial contravienen el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza el derecho a participar en el gobierno de su país, y el artículo 26 de la Constitución venezolana, que asegura el derecho a la protección judicial y la prohibición de represalias por razones políticas», puntualizó.
La organización mostró preocupación por la expansión de la violencia política durante la campaña, que no solo afectó a personas relacionadas con partidos políticos y a trabajadores de comercios que atendieron al candidato opositor, sino que también tocó al menos 12 sitios web informativos que fueron bloqueados en las 3 semanas de la campaña.
«Esta censura infringe principalmente el artículo 58 de la Constitución, que garantiza el derecho a una información veraz y oportuna, así como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que aseguran el derecho a la libertad de expresión y recibir información», indicó.
