De acuerdo con el reporte oficial, la detenida está identificada como Greismar Yulexi Arza Sumosa, quien además enfrenta responsabilidades por el delito contra la dignidad humana. Por todo lo anteriormente expuesto, fue condenada a una pena de 32 años en el país austral.
Según la acusación fiscal, a la mujer se le imputa de ser autora del ilícito penal de trata de personas agravada y explotación sexual en perjuicio de seis menores y cuatro mujeres adultas, de nacionalidad venezolana, quienes fueron captadas en su país y llevadas por vía terrestre a Perú con el ofrecimiento de falsos puestos de trabajo.
De la investigación se conoció que, en la ruta de traslado, las víctimas contactaban con personas a quienes llamaban “asesores”, quienes —por versión de una de las agraviadas— pertenecen al Tren de Aragua y eran los responsables de cuidarlas y monitorearlas hasta que lleguen al lugar de destino.
Ya en el Perú, las trasladaron a Ica, donde quedaron acogidas y retenidas por la acusada, en una vivienda ubicada en el sector de Manzanilla. En esta ciudad las obligaron a trabajar en diferentes prostíbulos de la ciudad, imponiéndoles el pago de una multa de 15 mil soles por el transporte, hospedaje y alimentación de cada una.Además, las vigilaba otro miembro de la red criminal, quien junto a la acusada amenazaba a las víctimas personalmente o a través de WhatsApp con atentar contra su vida o la de sus familiares.
También se conoció que Arza Sumosa cobraba y recaudaba el dinero producto de la explotación sexual y se encargaba de distribuirlo y pagar el traslado, la plaza y la multa dejándole, a las víctimas, solo un 20% de su ingreso diario.
En consecuencia, recibió una condena de 32 años de cárcel. El fiscal superior Jorge Wayner Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, reiteró el compromiso del Ministerio Público en la lucha frontal contra las organizaciones criminales.
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