CNN profundizó en el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos que contiene varias propuestas que generan controversia entre los expertos. Una de ellas es la modificación al artículo sobre legítima defensa en el Código Penal.
La ley declara la emergencia pública en varios aspectos del Estado, entre otros, en materia de seguridad. El artículo 2, que se refiere a sus principios, establece, entre otros propósitos, “la protección de los habitantes y de su propiedad privada”.
“El Estado debe garantizar la seguridad de las personas y de su propiedad y fomentar un entorno propicio para la inversión y el emprendimiento. Con ese fin debe garantizar la libertad de los habitantes de la Nación de transitar por toda vía pública y su protección frente a todo tipo de inseguridad”, dice el texto de la propuesta.
La sección III del proyecto de la llamada “ley ómnibus” modificaría el artículo 34 del Código Penal, ampliando las circunstancias que comprenderían una legítima defensa y cambiando otros aspectos que despertaron la alarma en organismos defensores de los derechos humanos y especialistas en materia penal, según analizó CNN en Español.
En el inciso 4 del artículo 34 del actual Código Penal se establece que no es punible quien repela una agresión ilegítima obrando “en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
La “ley ómnibus” añade que en esos casos “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
“Este punto es preocupante”, dijo a CNN Agustina Lloret, abogada del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Sobre todo cuando hablamos de fuerzas de seguridad, incorpora toda una serie de normativas sobre el uso de la fuerza, de su arma de fuego. Tiene requisitos específicos y agravados por tratarse de funcionarios estatales”, dice Lloret.
Sobre este punto coincide Kevin Nielsen, abogado integrante de la mesa nacional de la Asociación Pensamiento Penal: “Lo que se intenta hacer a través de esa presunción es garantizar una suerte de impunidad ‘a priori’ ante graves negligencias policiales en el uso de la fuerza letal”, dijo a CNN.
