Cristina Kirchner parece que tendrá un 2024 agitado por su estatus judicial. Por un lado, cabe la posibilidad de que en el primer semestre del año la Cámara de Casación confirme -o peor aún, agrave- la condena a seis años de prisión que pesa sobre la exvicepresidenta por corrupción y, por otro lado, avanza la organización de los dos juicios orales que debe enfrentar: uno por Hotesur y Los Sauces y otro por la firma del Memorándum con Irán.
A diferencia de lo ocurrido durante el macrismo, es sintomático el retiro del gobierno de Javier Milei en el impulso de estos casos de corrupción, ya que entiende que no corresponde a la Oficina Anticorrupción ni a la Unidad de Información Financiera (UIF) ser querellantes en estos casos. Los juicios solo son tarea de los fiscales y los jueces.
Este es el panorama a corto plazo, y más a largo plazo, le resta a la exvicepresidenta enfrentar el juicio oral y público por el caso de los cuadernos de las coimas, donde está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita donde funcionarios cobraban sobornos a empresarios para mantener sus contratos con el Estado. Según pruebas de la causa, parte de ese dinero fue llevado al departamento de Cristina Kirchner.
Esto en cuanto a Cristina Kirchner como imputada, pero también avanzó hasta el juicio oral la causa que investiga el atentado contra la exvicepresidenta, que fue víctima de una tentativa de asesinato. Están presos por ello Fernando Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. La fiscal es Gabriela Baigún y el tribunal no tiene jueces. Está vacante desde 2020. Actualmente actúan como jueces suplentes allí Sabrina Namer e Ignacio Fornari. Fue sorteado para completarlo Adrián Grünberg. El juicio no tiene fecha, pero con tres detenidos, se hará cuanto antes. La exvicepresidenta no está conforme con la investigación y cree que hay más personas involucradas en la tentativa de homicidio.
A pesar de que Cristina Kirchner está condena a seis años de prisión, no quedó presa porque esa sentencia debe ser revisada primero por la Cámara de Casación Penal y luego por la Corte Suprema de Justicia. Solo si la Corte rechaza todos los recursos de la defensa y deja firme el fallo, la exvicepresidenta podría ser detenida. Cristina Kirchner no tiene fueros que eviten su arresto, pero tiene más de 70 años, por lo que puede pedir cumplir su pena en su casa.
En la Cámara de Casación Penal ya comenzaron los trámites para revisar la condena, que incluye una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Es por el delito de fraude contra la administración pública a raíz del direccionamiento de las licitaciones de obras pública de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.
Quienes deben revisar ese fallo son los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que ya realizaron a mediados de diciembre pasado una audiencia de organización de las próximas reuniones en las que el fiscal Mario Villar y los abogados defensores de los acusados argumentarán en favor y en contra del fallo.
La fiscalía sostiene que la condena de seis años contra Cristina Kirchner debe agravarse porque propone que debe ser castigada no solo por fraude, sino también por el delito de asociación ilícita. En el juicio oral, el fiscal de juicio Diego Luciani había pedido una pena de 12 años de prisión.
Las audiencias para que todas las partes (fiscal y defensas) expongan ante los jueces serán el 22 y 29 de febrero, el 7, 14 y 25 de marzo y el 4 de abril. Después, los jueces se tomarán los 20 días hábiles que prevé el Código Procesal para definir si confirman la condena a 6 años, mandar a dictar otra más grave, si la revocan o si la reducen.
Con información de La Nación
