Cuando el reloj marcó las cinco de la tarde del domingo 28 de febrero, los salvadoreños sabían que la posibilidad de elegir diputados y alcaldes había terminado. Las ansias dominaban la nación de siete millones de habitantes pues desde 2019, cuando se eligió como presidente a Nayib Bukele, se auguraba el fin de los partidos tradicionales en el país centroamericano.
El lunes 1 de marzo el augurio fue una realidad. El oficialismo ganó la mayoría calificada del Congreso: 56 curules de 84. Y si le sumamos los aliados llega hasta los 61 legisladores a favor del presidente Nayib Bukele. Los números no le dan la mayoría absoluta, pero sí la mayoría calificada suficiente para aprobar préstamos o elegir funcionarios importantes en otros órganos del Estado.
Aunque el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador no ha publicado los resultados preliminares, los cálculos fueron hechos con base en el 90% de actas procesadas. De modo que no existe duda de que el mapa político en El Salvador se ha reconfigurado y su nueva composición relega a la nada a los partidos herencia de la posguerra: ARENA y FMLN.
Para la mayoría de los salvadoreños que votaron por el oficialismo el 28 de febrero es el inicio de un cambio necesario; para otros es el fin de una libertad que se conquistó tras la firma de los Acuerdos de Paz, y que puso fin a la guerra en El Salvador en 1992.
Pero el oficialismo o el gran ganador de la contienda electoral en El Salvador es el Partido Nuevas Ideas, que nació en 2017 como un movimiento político en apoyo al entonces alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Un año después, se convirtió en partido político. Aunque esta era la primera vez de Nuevas Ideas en una contienda electoral.
Como anticipaban las encuestas, Bukele ganó el poder Ejecutivo en 2019 y el Legislativo este 28 de febrero, por lo que tiene dos de los tres poderes del Estado a su favor. El control podría ser absoluto, opinan expertos, pues la nueva Asamblea elegirá al siguiente fiscal general y a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluidos el presidente de la Corte Suprema y la Sala de lo Constitucional.
Uno de los votantes de Nuevas Ideas, Julio Villalta, dice ser el ganador de los resultados del domingo. Tiene 60 años y votó en La Libertad, el segundo departamento más poblado de El Salvador. Una noche antes de las elecciones escribió en sus redes sociales: «Mañana todos a votar por la N de Nayib».
Un mensaje claro para los seguidores del partido y confuso para otros quienes saben que el único ciudadano inhabilitado para competir en esas elecciones era el presidente. Pero la razón de esta invitación tiene una explicación: Nuevas Ideas utilizó como mensaje central de su campaña la “N” de Nayib.
A diferencia de otros partidos que pedían el voto para sus candidatos. La sagaz estrategia le dio la victoria al Partido Nuevas Ideas que llevaba en sus filas a la mayoría de candidatos no familiarizados con la política. Pero centrarse en la imagen del presidente también era un riesgo.
En los dos años de gobierno, Bukele ha sido señalado de “autoritario” por irrumpir con militares en el Congreso para presionar a los legisladores salientes a que le aprobaran un préstamo. Además porque varios de sus funcionarios tienen expedientes abiertos en la Fiscalía General, por el manejo irregular de los fondos asignados para atender la pandemia del COVID-19.
Pero ni esto ni el surgimiento de nuevos partidos como Nuestro Tiempo y Vamos dieron como resultado una Asamblea con mayor presencia de la oposición.
Adriana Beltrán, directora para el programa de Seguridad Ciudadana de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), lamenta los resultados electorales en El Salvador y le preocupa que una bancada oficialista le otorgue al presidente el poder de nombrar a sus aliados en puestos clave como la Fiscalía General, la Corte de Cuentas, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y magistrados de la Corte Suprema.
“Sin una fuerte oposición dentro del legislativo, Bukele podrá consolidar sin problemas el control Ejecutivo sobre otras ramas del gobierno”, dijo en una entrevista con la Voz de América.
Beltrán asegura que el gobierno del presidente Bukele ha “socavado y degradado la separación de poderes”. Por lo que cree necesario que el gobierno de Joe Biden clarifique “las condiciones bajo las cuales se califica a la asistencia de Estados Unidos”.
El director de la División para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, teme que la nueva Asamblea en El Salvador avance con una reforma constitucional que le permita concentrar más poder al Ejecutivo. La última reforma constitucional en El Salvador fue en 1983. Pero el año pasado se conoció de un nuevo plan de reformas a la Constitución encabezado por el vicepresidente Félix Ulloa.
Una de las propuestas que busca presentar a la Asamblea es la de ampliar el periodo presidencial a seis años y la posibilidad de consulta para revocar el mandato.
VOA.-
