Panamá anunció este viernes medidas para enfrentar la crisis migratoria en el Darién, que ha llevado «al límite» las capacidades del país, entre las que está aumentar las deportaciones y mover los puntos de control a los que llegan los viajeros para reducir el impacto en las pequeñas comunidades de este flujo imparable que se mueve hacia Norteamérica.
La «primera» de estas medidas administrativas en vigor «a partir de este anuncio, es la protección a los pueblos de acogida, pues vamos a remover los puntos de control y asistencia migratoria de las mismas comunidades de Bajo Chiquito y de Canaán Membrillo a fin de mitigar el impacto sanitario y de seguridad», dijo la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine.
Se van a «construir al lado de estos lugares de acogida espacios donde podamos integrar y tener contenidos a los migrantes, (para) que no afecten el diario vivir de todas las personas de las comunidades», los primeros pueblos que llegan los migrantes tras atravesar la selva por la que acceden desde la vecina Colombia.
Este primer paquete de medidas también incluye reforzar «las deportaciones y las expulsiones de los ciudadanos irregulares que tengan antecedentes penales, a través de contrataciones de vuelos chárter», según Gozaine.
Desde el pasado abril hasta la fecha, Panamá ha deportado 452 personas, un reducido grupo frente a los más de 350.000 migrantes irregulares que han cruzado la peligrosa selva fronteriza con Colombia.
Desde el 1 de enero y hasta el 7 de septiembre al menos 350.841 migrantes llegaron a las estaciones migratorias del Darién en su camino hacia Norteamérica. La mayoría son venezolanos, seguido de ecuatorianos y haitianos, según la información oficial.
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