La ley en Venezuela es específica, los centros de detención preventiva no deben albergar detenidos durante más de 48 horas desde el momento de su detención, por lo que estos espacios fueron construidos para albergar entre 5 o 10 personas.
Ahora bien, la realidad de los calabozos policiales en Venezuela es otra. Hay privados de libertad con permanencia de más de un año en estos recintos y en una sola celda sobreviven más de 50 personas.
En diferentes oportunidades, privados de libertad de todo el territorio nacional han denunciado que deben dormir parados o turnarse para ello, porque simplemente no tienen espacio suficiente para convivir. Esto es una prueba más del grave problema de hacinamiento que existe en estos centros de detención con índices que superan el 500% de sobrepoblación.
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Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), señaló que el secuestro de cuatro funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), registrado desde el lunes 17 de julio hasta la madrugada del miércoles 19 de julio en el centro de detención preventiva La Morita II, ubicada en el estado Aragua, es responsabilidad del Estado.
El defensor de DDHH explicó que el conflicto es creado por ellos mismos, ya que esta situación se generó precisamente por la falta de traslados a los centros penitenciarios, los cuales fueron suspendidos desde que la ex ministra de Servicio Penitenciarios, Iris Varela, impuso que ningún preso sería trasladado sin autorización del ministerio, ni siquiera con la orden de un juez.
«Esa costumbre la hicieron ley», aseguró Prado, quien recordó que los jueces son los únicos que tienen la potestad de ordenar los traslados a centros penitenciarios.
De igual manera, Prado comentó que la intervención de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Márquez Cordero, también es evidencia del fracaso de los representantes del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Interior y Justicia, quienes no lograron mediar con líderes del motín que exigían traslados a la cárcel de Tocorón, revisión de sus procesos judiciales y mejores condiciones de encarcelamiento.
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El conflicto culminó una vez que fueron trasladados 38 privados de libertad al Internado Judicial de Aragua, mejor conocido como Tocorón, luego de «negociar» con el pran, quien en un principio no los quería aceptar. La magistrada además informó a los familiares que se harían 20 traslados al Centro de Formación para el Hombre Nuevo «El Libertador», ubicado en el estado Carabobo, y 20 más para Centro de Reclusión de Procesados 26 de julio, en el estado Guárico.
En tanto, el director del OVP expresó que dar este tipo de concesiones por parte del TSJ, puede ser un «efecto domino» porque se puede replicar en otros calabozos policiales, ya que los presos observan que fue la única manera que les respondieron a una solicitud que tienen tiempo haciendo y es reiterativa en los calabozos de todo el país.
Es de resaltar que el fin de semana se vivió una situación similar en el Centro de Coordinación Policial de la PNB en Carabobo, donde un funcionario policial fue golpeado por los presos, quienes también exigían traslado.
Policías no deben cuidar presos
Humberto Prado, director de OVP, reiteró que los funcionarios policiales no fueron formados para cuidar presos.
En ese sentido, recordó que los funcionarios de las policías municipales, estadales y nacional, fueron formados para la seguridad de la ciudadanía; mientras que los del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (CICPC) fueron formados para la investigación criminal, y los del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) para la seguridad del Estado, así que ejercer otras funciones no hace más que restar operatividad y crear problemas en los centros de detención.
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Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones .-
