Las autoridades judiciales de Venezuela habrían acordado, luego de ocho horas de negociación, el traslado de al menos 60 reos desde el Centro de Atención de Garantía de los Detenidos de La Morita II, en el estado Aragua (Venezuela) a tres penales del país.
Los hombres que están recluidos en ese sitio tomaron como rehenes el lunes a , que fueron liberados en horas de la madrugada de este miércoles. En videos difundidos en las redes, habían denunciado corrupción en sus casos y que los custodios los someten a malos tratos, condiciones inhumanas y extorsión.
“Estamos exigiendo, ya que estamos recibiendo muchos abusos de estos policías, que nos trasladen para los penales de origen para seguir pagando por el error cometido”, dijo un detenido que grabó la situación dentro de La Morita y que mostró además que los rehenes no han recibido malos tratos.
Las conversaciones estuvieron a cargo de la magistrada Fanny Márquez Cordero, quien habló con los familiares de los privados de libertad, reseñó el diario regional El Periodiquito.
Familiares piden no allanar el centro
Los allegados pidieron a las autoridades no hacer ningún tipo de acción o allanamiento ni cortar los servicios básicos, como la electricidad ni el agua, para evitar que esas acciones generen graves consecuencias. También solicitaron que se agote la vía del diálogo, señaló el medio.
En un video difundido en las redes sociales, los reclusos mostraron a los cuatro funcionarios como garantía de que no habían sufrido daño y que estaban bien de salud. “¿Te hemos tocado, te hemos aporreado, te hemos puyado? ¿Todo bello?”, preguntó a uno de los uniformados el recluso que grababa el momento.
Los detenidos acusan a los oficiales, entre los que se encuentra una mujer, de cobrarles extorsión para que les permitan algunos beneficios. En otro de los videos, aparecen sentados los tres hombres, mientras que la funcionaria estaba en lo que parece ser un banco. Se aprecia también un envase con agua cerca de ellos.
El reo aseguró que los custodios les exigen dinero para recibir los alimentos que les llevan sus familiares y permitirles el acceso a comida, agua y cocinas eléctricas. Además, les restringen, de no pagar las cuotas, sus traslados a los tribunales, las visitas de sus familiares y los mantienen en celdas en condición de hacinamiento.
Hasta 200 dólares semanales
En un tercer audiovisual, el recluso aseguró que los uniformados pueden cobrarles hasta 200 dólares semanales.
“Estamos cansados del atropello, de la matraca (extorsión), del abuso; tenemos que darles 150 dólares, 200 dólares semanales, para poder estar con la familia. Cada uno de nuestros familiares (está siendo) extorsionado por ese director de aquí. No es justo, queremos traslado para nuestro penal de origen”, reclamó.
Los oficiales están identificados como Katerin Vargas, primer oficial; Rojas Rubén, primer oficial; Darwin Alvarado, primer oficial, y Saulo Quiñones, oficial.
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ElNacional.-
