Tres años han transcurrido desde que sucedió la masacre del Centro Penitenciario de Los Llanos, mejor conocida como Cepella en Guanare, estado Portuguesa, en Venezuela.
En esta tragedia, que ocurrió el 1 de mayo de 2020, perdieron la vida un total de 49 privados de libertad y otros 76 resultaron heridos, durante una protesta porque los directivos del penal le negaban el acceso a la comida.
En ese entonces, debido al alzamiento de los reclusos y su cercanía a las puertas del penal, se ordenó a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a cargo de la custodia externa, disparar contra los privados de libertad.
Las víctimas murieron a consecuencia de disparos de alto calibre, según se pudo constatar a través de una investigación que realizó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), documentada en nuestro informe “Masacre en la cárcel de Guanare”.
Cuando ocurrió la masacre, desde el Ministerio de Servicios Penitenciarios se anunció la investigación de varios funcionarios de la GNB, así como la imputación a los presos que figuraban como pranes de CEPELLA en ese entonces, quienes son señalados por dar la orden de disparar a mansalva.
Durante el mismo mes de mayo del 2020 el penal fue desalojado. Los pranes fueron trasladados a la cárceles que ellos eligieron, y hasta la fecha se desconoce del proceso judicial de esta masacre.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas, así como los sobrevivientes, no han sido llamados a comparecer en un tribunal.
Por el contrario, según informaron al OVP, los presos que fueron trasladados bajo la promesa de regresar pronto, aún siguen padeciendo en penales lejanos al tribunal de su causa.
En ese sentido, los familiares indicaron que muchos se han enfermado porque no tienen acceso a una buena alimentación. Son muchos los que no pueden trasladarse hasta las cárceles por el alto costo del transporte, entre otros gastos asociados.
Sobre el desalojo del penal, Cepella se convirtió en una infraestructura más de las que han sido abandonadas por el Estado.
Iris Valera, en ese entonces ministra del Servicio Penitenciario, realizó una inspección en junio del 2020 e informó a medios de comunicación sobre los arreglos y acondicionamiento del penal.
Asimismo, estimó que en tres meses sería ocupado nuevamente e indicó que estaban en proceso de selección de los presos que ocuparían nuevamente este penal bajo el nuevo régimen penitenciario.
Desde aquella promesa, de las tantas que han hecho y que han quedado en el olvido, han pasado tres años y las reparaciones nunca fueron ejecutadas. Tampoco ha habido justicia ni respuesta para las víctimas.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones.-
