Uno de cada tres hogares del conurbano bonaerense identifica la venta y el tráfico de drogas en el propio barrio, incluso en la misma cuadra, proporción que se extiende al 49,2% en las villas y al 41,2% en los barrios populares de clase baja. Así lo refleja un informe, en base a encuestas, del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), que en los últimos quince años viene realizando mediciones sobre problemáticas sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA). Los resultados se basan en una encuesta realizada en distintos conglomerados del país.
En otras grandes áreas metropolitanas, la presencia de la oferta de droga en el vecindario es del 27,6% y la percepción llega al 25,7% en otras zonas urbanas, con picos del 32,8% en Rosario y su zona de influencia, de acuerdo con los resultados de la encuesta del Observatorio. La venta y el tráfico de drogas adquieren una relevancia mayor en los barrios vulnerables.
En la ciudad de Buenos Aires, si bien el índice promedio es del 12,1%, en las villas porteñas los registros son dramáticos: el narcomenudeo es advertido por el 65,1% de los residentes. El récord, inevitablemente, está en las villas y asentamienos populares de Rosario, donde la oferta de drogas llega al 73,2 por ciento.
“Los hogares pobres están mucho más expuestos a la venta y el tráfico de drogas, especialmente los jóvenes. Cuanto más marginal y más carencias existen, las familias se encuentran más lejos del Estado y más cerca del narcomenudeo”, explicó el director del Observatorio, Agustín Salvia, a la nacion.
Salvia apuntó que el narcomenudeo en los barrios se potencia, en algunos casos, fruto de una necesidad económica e implica la supervivencia de muchas familias, dada la expansión de la crisis económica, la pobreza, la falta de trabajo formal y la ausencia de un Estado capaz de producir prevención en materia de salud y adicciones”. A ello se suma “la incapacidad de la política para intervenir con decisiones claras sobre el poder de las bandas delictivas”.
El informe se conoce en medio de una profundización de la crisis de la seguridad por el crecimiento del narcotráfico, especialmente en la provincia de Santa Fe, y las recientes amenazas de grupos delictivos a la familia de Lionel Messi en Rosario, entre otros hechos alarmantes.
Se advierte, en tanto, que los residentes en espacios con presencia de venta de drogas “están más expuestos a situaciones de violencia y amedrentamiento, en un contexto de enfrentamiento entre grupos, familias o bandas que disputan los territorios”.
“El problema es más frecuente en las villas y asentamientos de la Capital y de las ciudades no metropolitanas, pero mucho más extendido en los barrios populares del conurbano bonaerense y de otros centros metropolitanos”, añade el informe, que vincula las percepciones registradas con la mayor o menor presencia policial.
La presencia o ausencia policial en la zona incrementa el riesgo de tráfico de sustancias ilegales. En los lugares en que existe vigilancia, la percepción es del 22%, pero cuando no hay agentes policiales, la oferta del narcomenudeo trepa al 36,3 por ciento. En el conurbano, el mercado de la droga es advertido por el 28,9% cuando hay presencia policial y por el 35,1% cuando no hay vigilancia.
En los barrios de clase media el riesgo de la oferta de drogas desciende al 20,3% y en los de clase media alta cae al 3,9%, dice el estudio de la UCA. “En estos barrios no es que no exista el problema, pero es menor su prevalencia, así como también su visibilidad”, añade.
Entre las conclusiones, el informe dirigido por Salvia señala que el registro de venta de drogas en el barrio desciende “de manera poco relevante” –del 36,3% al 22%– ante una mayor presencia policial, con excepción de los barrios de nivel socioeconómico medio, donde la presencia de fuerzas de seguridad logra mayor impacto. “Esto estaría indicando que en los barrios más pobres o medios profesionales existe un déficit de control, falta de efectividad o connivencia policial con esta forma de comercio ilegal”, advirtió Salvia.
También señala que en hogares con condiciones socioeconómicas, educativas, laborales y residenciales más precarias hay mayores índices de drogadependencia y tráfico ilegal. “Mejorar la calidad educativa, crear un hábitat inclusivo, acceder a mejores escenarios de vida y de empleo son factores que reducen de manera significativa el riesgo a adicciones en los sectores más pobres”, es otra de las conclusiones del informe.
El informe explica que “el narcomenudeo en los barrios populares es una actividad económica que se apoya en una red de organización rudimentaria, pero de mucho poder local, por su extendida penetración entre los jóvenes, la participación de estructuras familiares, la ausencia del Estado y su convivencia con las fuerzas de seguridad”.
Indica, además, que “la venta ilegal de drogas es un problema de alcance nacional cuya gravedad y extensión viene creciendo durante las últimas dos décadas a nivel general, pero sobre todo en los barrios más pobres, creando un entramado socioeconómico que debilita la integración social”.
El Observatorio de la Deuda Social añade que “el problema afecta a toda la sociedad, aunque las principales víctimas son los jóvenes de las diferentes clases sociales y regiones del país, especialmente aquellos socialmente excluidos que carecen de estructuras sociales, familiares o comunitarias de apoyo y contención”.
LaNación.-
