Perú decretó ayer un toque de queda durante tres días en la región de Puno, frontera con Bolivia, foco de nuevas protestas donde murieron 18 civiles en enfrentamientos y un policía tras el ataque de una turba, en los actos más violentos tras la destitución del exmandatario izquierdista Pedro Castillo.
La región de Puno se puso de duelo hasta mañana por la gran cantidad de muertos en la víspera, elevando a 39 los civiles fallecidos tras violentos disturbios iniciados en diciembre en varias localidades del país.
El Ministerio de Interior confirmó el primer policía muerto durante las protestas, luego del ataque de desconocidos en Puno a un vehículo de las fuerzas de seguridad en la madrugada de ayer. La unidad fue incendiada. Otro policía quedó herido.
“Se aprobó en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de tres días, desde las 20 (locales) hasta las 4”, dijo el primer ministro, Alberto Otárola, en un discurso en el fragmentado Congreso unicameral.
Otárola manifestó que el gobierno no se opone a las protestas, pero que el Estado tiene la obligación de salvaguardar el orden público tras la actuación de “violentistas” que son financiados con dinero “oscuro” de la minería ilegal y el narcotráfico.
“Unos pocos no van a colocar contra la pared a la gran mayoría nacional”, dijo el ministro. “Tengan la seguridad de que aplicaremos toda la fuerza de la ley para evitarlo. Este gobierno no va a ceder al chantaje de la violencia”, agregó.
Otárola acudió con su gabinete de ministros al Congreso dominado por partidos conservadores, en busca de un voto de confianza, un requisito constitucional y tradicional para permanecer y liderar un nuevo equipo de gobierno.
En la peor jornada de protestas por el número de víctimas, la Defensoría del Pueblo y el gobierno informaron además de 68 civiles y 75 policías heridos anteayer en Puno, muchos de ellos por balas o perdigones, según las autoridades de salud.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la liberación de Castillo, que cumple una prisión preventiva de 18 meses acusado de “rebelión”, cargo que el exmandatario niega.
Los fallecidos en los enfrentamientos eran jóvenes entre 21 y 35 años de edad, además de un menor de 17 años, según el registro de la Dirección de Salud de Puno. También murieron tres personas de 38, 50 y 55 años. Cuatro víctimas aún no han sido identificadas.
Uno de los muertos era un joven médico, Marco Samillán Sanga, de 29 años, que según la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana falleció por fuego de perdigones cuando atendía a los heridos del enfrentamiento.
El jefe del comando operativo de la Policía Nacional, Jorge Angulo, dijo que la muerte de un policía que iba en una patrulla se produjo horas después de los violentos disturbios, que incluyó saqueos en la noche del lunes de algunos negocios en Puno.
Bloqueos
Las protestas se reactivaron la semana pasada tras una pausa por las fiestas de fin de año, y se concentraron en la región de Puno con bloqueos de vías y del comercio hacia el país vecino. Desde la reanudación de las manifestaciones se habían reportado graves enfrentamientos con la policía luego de que manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de la ciudad.
Aunque no se registraban más disturbios, el aeropuerto de Juliaca permanecía cerrado el martes. Y en la región andina de Ayacucho se suspendió también la operación de su aeropuerto por medidas de seguridad, dijo el Ministerio de Transporte.
En este contexto, la Fiscalía de Perú anunció la apertura de una nueva investigación a la presidenta Boluarte, por la muerte de por lo menos 18 personas anteayer en Juliaca, en el sur.
“Ya hay una investigación abierta de diligencias preliminares correspondientes a los hechos ocurridos en diciembre. Y el día de hoy, estamos tomando la decisión de abrir una nueva carpeta fiscal”, anunció la fiscal Patricia Benavides.
En declaraciones desde Trujillo, Benavides dijo que el Ministerio Público no permitirá que “ninguna muerte quede impune” y remarcó la apertura de estas investigaciones contra “los altos funcionarios que resulten responsables de todo lo que está ocurriendo”.
Sin embargo, Benavides no aclaró cuáles son los delitos que se le imputan en particular a la jefa de Estado.
Boluarte asumió el gobierno luego de que Castillo, que era presidente desde 2021, fuera destituido por el Congreso tras intentar disolver este poder del Estado con un mensaje televisivo el 7 de diciembre.
La actual mandataria era vicepresidenta y fue elegida en la misma lista con su antecesor. El Parlamento la juramentó el mismo día de la destitución de Castillo por ser sucesora constitucional.
Castillo fue detenido cuando iba en un vehículo con su comitiva en una avenida del centro de Lima. Según la Fiscalía, se dirigía a la embajada de México para buscar asilo político
LaNación.-
