Según la legislación venezolana, los centros de detención preventiva no deben albergar a personas cuya aprehensión supere las 48 horas. Sin embargo, la realidad en los calabozos policiales es muy distinta y lo de «preventiva» quedó solo en el nombre.
En Venezuela hay presos que sobreviven durante años en pequeñas celdas que no cumplen con las condiciones para largas estadías. Todo esto como consecuencia de que los traslados no son realizados porque el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no autoriza el ingreso a los penales, aunado a que en las cárceles tampoco hay plazas suficientes para tanta gente.
A todo esto los más afectados son los presos y sus familiares, principalmente estos últimos, quienes deben conseguir divisas para cubrir los gastos dentro de los calabozos, e incluso deben trasladarse a diario para llevarles alimentos u otros insumos.
En ese sentido y tal como lo denunciamos con frecuencia desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el hacinamiento tanto en cárceles como en calabozos es la principal causa de la crisis penitenciaria en todo el territorio nacional.
No es posible que dentro de un espacio con una capacidad de 5 a 10 personas, hoy en día haya hasta 50 hombres o mujeres esperando por una pizca de empatía y eficacia del Estado venezolano.
En estos espacios no hay baños, por lo que deben hacer sus necesidades en los rincones y dentro de bolsas, como si de animales se tratara; tampoco hay duchas y se bañan en espacios improvisados.
Tampoco hay espacios para recibir la luz del sol, lo que sin duda alguna va en detrimento de su salud; así como tampoco hacen ninguna actividad física, recreativa o educativa. Hay que dejar claro que la falta de estas condiciones, que son básicas y están establecidas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), es lo que no permite la reinserción de los presos en la sociedad.
Además, los presos no reciben visitas por más de 20 minutos y mucho menos tienen derecho a llamadas telefónicas. Por el contrario, los funcionarios policiales, quienes no están capacitados para el tratamiento de reclusos, fomentan la corrupción dentro de los calabozos y reciben dinero a cambio del tráfico de teléfonos, entre otros objetos prohibidos.
Los planes de descongestionamiento del Ministerio de Servicios Penitenciarios no han arrojado resultados positivos y, por el contrario, desde OVP documentamos durante todo el año 2022, y desde hace 19 años como ONG, cómo la situación empeora ante la mirada desesperada de los familiares, quienes sufren esta pesadilla como si también estuvieran cumpliendo una condena tras las rejas.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones.-
