Anteayer, Carolina Martínez recibió un mensaje de WhatsApp. Era de una de las terapeutas de Joaquín, su hijo de 8 años. El mensaje decía: “Buen día, mañana [por ayer] no voy a atender. Como saben, la situación está muy complicada y no hemos cobrado nuestros honorarios. Hay un paro programado para hoy, mañana y pasado al cual me estoy adhiriendo. Espero sepan comprender y ayudarnos en nuestro reclamo”.
Después de haber sido diagnosticado con el síndrome de poliomielitis Like a los 4 años, a Joaquín le quedaron secuelas motrices y necesita hacer ejercicios de rehabilitación. “Lo de él es algo motriz. Entonces, si no estimula sus músculos, no avanza con su rehabilitación. Toda la vida va a necesitar estimulación. Que no pueda tenerla es terrible porque dificulta su desarrollo”, sostiene Martínez, quien, de todas maneras, empatiza con la medida tomada por la terapeuta: “Entiendo que hoy no esté porque hace tres meses que no cobra”.
La falta de pago a los profesionales que prestan servicios a las personas con discapacidad afiliadas a obras sociales es un reclamo que desde anteayer comenzó a hacerse oír con fuerza en diferentes puntos del país. En la Capital, numerosas organizaciones emplazaron la Carpa Blanca de la Discapacidad, en la Plaza de Mayo, para darle mayor visibilidad. También hubo movilizaciones en Santa Fe.
Con el lema #NoAlAjusteEnDiscapacidad, prestadores y familiares reclaman por las demoras de varios meses en el cobro de las prestaciones, por el hecho de que los aumentos en los aranceles no se condicen con el índice inflacionario y por la falta de fondos en las obras sociales para continuar con la cadena diferida de pagos, porque la Superintendencia de Servicios de Salud no transfirió los fondos.
Consultado por la nacion, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, adjudicó la demora en el pago por parte de la superintendencia a problemas operativos, pero dijo que la gran mayoría de los prestadores cobran dentro del tiempo máximo estipulado.
“Fueron unos días de retraso. Queremos llevar tranquilidad a las familias porque el sistema está funcionando.Sibienestamosobligados a pagar a 60 días, en muchos casos pagamos a 45. Además, venimos haciendo ajustes en los aranceles. De mayo a septiembre, el esquema acumulado de aumento es del 69%”, expresó el funcionario, agregó que “la agencia está al día” y deslizó que “habría que interiorizarse sobre los problemas que las obras sociales puedan llegar a tener, pero ahí no tenemos injerencia”.
Además de hacer visible la falta de pago en el sector, los manifestantes también expresaron su preocupación ante versiones que circularon acerca de la creación de un supuesto Fondo Nacional para la Cobertura de las Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Esa medida quitaría la validación, auditoría y pago de las prestaciones de la órbita de las obras sociales para llevarlas a la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo descentralizado que depende de la Secretaría General de la Presidencia. Cerca de 190.000 personas expresaron su rechazo ante tal posibilidad en la plataforma Change.org. Consultadas al respecto, fuentes de la Andis negaron que se avanzara en ese sentido.
La movilización también ocurre en un contexto de ajustes promovidos por el Ministerio de Economía que puso en alerta al sector ante versiones de nuevos recortes presupuestarios en los ministerios de Educación, Desarrollo Territorial y Hábitat, y Salud. Hasta el momento, los anuncios oficiales apuntaron a los dos primeros, como la reducción en un 36% del programa “Fortalecimiento edilicio de jardines de infantes”, que promovía la construcción de jardines de infantes y salas.
Mara Pentimalli es psicomotricista y una de las fundadoras de Yo En la Plaza de Mayo se emplazó la Carpa Blanca de la Discapacidad Los afectados por los recortes del sector buscan visibilizar el recorte de fondos Quiero, un centro que brinda terapias y servicio de apoyo a la integración escolar de niños con discapacidad. Cuenta que el retraso en el pago a los prestadores es histórico, aunque esta vez hay algo novedoso: “Ninguna obra social cobró. Por alguna razón, el Estado parece no tener dinero para pagarnos”. Hoy, el centro que encabeza Mara estará cerrado, y ella, de paro.
“Como terapeuta, llevo tres meses sin cobrar. Como una de las directoras del centro, puedo decir que nuestros profesionales tienen que cobrar en septiembre sus honorarios de agosto. Pero eso es porque habíamos armado una suerte de rueda financiera para absorber el diferimiento de pago a 60 días, aunque a veces es a 90 o 120. El problema fue que el 20 del mes pasado, cuando debía habernos ingresado el pago de junio, nada ingresó. Nos prometen que durante la primera quincena de septiembre se regularizaría el tema, pero ya no tenemos espalda para soportar esto”, se lamenta Pentimalli.
En el caso de los niños con discapacidad, a las prestaciones profesionales terapéuticas se suman las educativas. Cuando asisten a escuelas de educación común con un proyecto de integración, los maestros de apoyo a la inclusión son, en muchos casos, aportados por centros como el de Mara, que ofrecen tanto terapias como servicios de integración escolar.
“No hay que perder de vista que, más allá del perjuicio a los prestadores, la falta de pago por parte de las obras sociales vulnera los derechos de las personas con discapacidad, que tienen amparadas sus prestaciones básicas por la ley 24.901. Se vulnera el derecho a recibir terapias y también el derecho a la educación de esos niños. Hay colegios que sin acompañante no permiten que ingresen, y a su vez hay chicos que sin acompañante no pueden asistir”, alerta Elizabeth Foschi, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Integración Escolar (Casaie).
En el caso de Martín Vera, docente y padre de Donato, un niño de 11 años diagnosticado con autismo, las malas noticias no paran de llegar. El viernes pasado, la empresa encargada de su traslado a la escuela, que también cubre su obra social (la familia vive en Florencio Varela, pero la escuela a la que asiste está en Villa Dominico, Avellaneda), le informó que durante el paro solo le iban a cubrir un tramo del viaje, por las dificultades para cobrar el servicio que vienen padeciendo.
“Optamos por que lo retiren. Al mediodía viaja dos horas en transporte público. Pero además, recién el acompañante terapéutico de mi hijo en la escuela me dijo que mañana [por hoy] no viene, porque el centro del cual depende se va a adherir al paro”, agrega Vera.
“El riesgo es que, como en todo, empiece a haber servicios de primera y de segunda –se lamenta Pentimalli–. Para los profesionales, es difícil aguantar este nivel de presión y de inseguridad económica cuando quizá se cuenta con ese dinero para pagar un alquiler. No queremos que los profesionales valiosos terminen dedicándose a otra cosa. O que las prestaciones que necesitan los chicos con discapacidad, solo sean para las familias que puedan pagarlas”, concluye.
LaNación.-
