La justicia peruana allanó la noche del martes el palacio de gobierno en Lima en busca de Yénifer Paredes, cuñada del presidente izquierdista Pedro Castillo, para detenerla por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de dinero.
El operativo policial fue realizado a pedido de la fiscalía que solicitó el «allanamiento» de la «zona residencial del palacio de gobierno», dijo la Corte de Justicia en un comunicado.
Luego de casi 4 horas de búsqueda, los agentes abandonaron el palacio presidencial sin encontrar a Paredes, para los efectos prófuga de la justicia.
Se trata de un operativo sin precedentes en la historia del Perú, donde nunca la justicia ha intervenido en el lugar del ejecutivo para detener a una persona.
Castillo y su familia, incluida su cuñada de 26 años de edad, quien considera “padres” al presidente y su esposa, que viven en la Residencia Presidencial, y forma parte del Palacio de Gobierno.
Por este caso, Paredes fue llamada a declarar ante el Ministerio Público y comparecer ante una comisión de control del Congreso peruano, a mediados de julio.
La fiscalía ha abierto cinco investigaciones contra el propio presidente Castillo por presunta corrupción, otra situación inédita para un mandatario en el ejercicio de sus funciones.
«Allanamiento ilegal»
Castillo respondió a la insólita situación con un mensaje televisado alrededor de las 23:00 hora local, describiendo lo sucedido como un «allanamiento ilegal» que forma parte de un supuesto plan mediático para sacarlo del poder en complicidad con la oposición derechista del Congreso.
«Hoy Palacio de Gobierno y la Casa presidencial una vez más han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez, coincidentemente cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por 5 años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo Gobierno», aseguró Castillo, un maestro rural y sindicalista de 52 años.
«Todos los peruanos somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional», agregó el presidente, que aparece las últimas semanas cercado por la justicia.
La acción se produce la misma semana en que un informe parlamentario divulgado el martes recomienda inhabilitar y procesar política y penalmente a Castillo, acusándolo de traición a la patria al considerar un referéndum para otorgar una salida al mar a Bolivia, lo que el presidente niega.
Castillo cumplió un año en el cargo en julio, y además del cerco judicial ha enfrentado dos intentos de destitución del Congreso, y cuenta una desaprobación de 74% en la opinión pública, según encuestas.
Una red de corrupción
La actuación judicial ocurrió en simultáneo en distintas localidades de la capital peruana, donde fueron detenidos José Ninel Medina, alcalde de un poblado en la región originaria de Castillo, y de los hermanos empresarios Hugo y Angie Espino, todos presuntamente vinculados en la misma red de corrupción, según la fiscalía.
El juzgado autorizó el arresto temporal de los involucrados por un período de 10 días.
Según un programa de televisión del domingo, Paredes y Hugo Espino trabajaban en obras de saneamiento en un pueblo de Cajamarca, la región del norte de Perú de donde son originarios ella y el presidente.
La cuñada de Castillo es la cuarta persona del entorno presidencial en ser investigada por presunta corrupción.
Los otros ayudantes de Castillo proceados son un sobrino que fungía de asesor, su exministro de Transporte, ambos prófugos de la justicia, y su exsecretario presidencial.
Este último se entregó la semana pasada y busca un acuerdo para trabajar con la fiscalía para reducir los cargos en su contra.
La Primera Dama Lilia Paredes también compareció el mes pasado ante una comisión de investigación parlamentaria. Sin embargo, la esposa del presidente se negó a responder a los legisladores «por recomendación de mi abogado».
Lilia Paredes ya había declarado ante el Ministerio Público por el mismo caso, respondiendo todas las preguntas.
ElNacional.-
