La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, cuyos miembros los eligió la Asamblea Nacional de mayoría antichavistas votada en 2015, exhortó al líder opositor Juan Guaidó a esclarecer si rindió cuentas e informes de su gestión como presidente interino del país desde enero de 2019.
El fallo judicial sobre la ponencia número SC-2022-04, a cargo de la magistrada Cioly Zambrano Álvarez, demanda a Guaidó que “informe sobre las cuentas de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos en su gestión como presidente interino” de Venezuela, cargo que asumió tras juramentarse en enero de 2019 en medio de protestas masivas de calle y el apoyo de 50 gobiernos y de las bancadas opositoras del Parlamento.
El primer acuerdo de la sentencia es solicitar a la Asamblea Nacional de 2015 que informe “si el ciudadano presidente encargado de la república, ingeniero Juan Guaidó Márquez, cumplió con el mandato constitucional impuesto y remita los informes, cuentas o puntos del mandato constitucional (…) sobre los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión desde que tomó posesión del cargo de presidente interino”.
Guaidó lidera desde 2019 el “gobierno interino” de Venezuela, que ha administrado millones de dólares en recursos venezolanos congelados en el exterior, con la autorización del Departamento del Tesoro y de la administración federal de Estados Unidos.
La sentencia se publica luego de un año de denuncias entre diputados opositores sobre posibles hechos de corrupción en el manejo de activos de Venezuela en el exterior. El caso más sonado fue el de la administración de la empresa de fertilizantes Monómeros, al que le puso lupa la Superintendencia de Sociedades de Colombia en septiembre del año pasado.
Hasta el momento, no ha habido reacción pública inmediata sobre el fallo de parte de voceros del gobierno interino que encabeza Guaidó o de diputados opositores.
En 2020, se contempló el uso de 80 millones de dólares para “gastos sociales con atención prioritaria para emergencias humanitarias referidas a riesgos vitales”, “seguridad y defensa de la democracia”, “el fortalecimiento de las comunicaciones”, “el derecho a la información” y “la lucha contra la censura”.
Recientemente en un artículo de El Pitazo, el presidente de la junta directiva del TSJ en el exilio, el magistrado de la Sala Político Administrativa, Antonio Marval, recordó que no cuentan con el apoyo del «gobierno interino», por lo cual los magistrados deben desempeñar actividades distintas a las de su cargo para poder sobrevivir.
Con información de VOA.-
