La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reiteró su denuncia sobre la complicidad de empresas privadas de telecomunicaciones que en Venezuela son utilizadas por el gobierno de Nicolás Maduro para censurar y bloquear a medios de comunicación en internet e interceptar las comunicaciones telefónicas de periodistas, opositores y ciudadanos críticos al régimen.
La SIP indicó que esta complicidad entre gobiernos y empresas privadas vulnera la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital en varios apartados. Por un lado, el documento de la SIP señala que «el bloqueo y filtrado de contenidos por control estatal en el espacio digital constituye censura previa de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos» y que «la vigilancia masiva no es aceptable» a excepción de que «se persiga un fin legítimo acorde a lo establecido en las convenciones sobre derechos humanos».
Por otra parte, la Declaración pone énfasis sobre el papel de los intermediarios tecnológicos, a los que advierte que: «deben comprometerse con el respeto y la promoción de la libertad de expresión y no deben ceder ante presiones de gobiernos u otros grupos de poder». Y agrega que «sus políticas y criterios que puedan restringir la circulación de contenidos deben ser claros y transparentes» y «deben adoptar buenas prácticas para resguardar los datos personales y la privacidad de las personas que utilizan sus plataformas y servicios».
Un informe de transparencia de la empresa privada Telefónica, matriz de Movistar en Venezuela, difundido por la organización Ve Sin Filtro, evidencia que la compañía de telecomunicaciones realiza espionaje masivo, intercepciones telefónicas y bloqueos digitales que le son ordenados por el gobierno de Venezuela. El documento de Telefónica reveló que más de un millón de cuentas de teléfonos o de internet fueron intervenidas y 30 sitios web fueron bloqueados por orden del gobierno en 2021.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, mostró «indignación ante la masiva violación a las libertades de expresión y de prensa de los ciudadanos y medios de comunicación, practicada en confabulación con empresas transnacionales para mantener la política informativa oficial de censura».
Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras, se preguntó «si las mismas empresas privadas que ceden a las presiones políticas del gobierno venezolano y sin ninguna orden judicial bloquean sitios de internet serían capaces de ejecutar esas acciones en países con gobiernos democráticos».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, Carlos Jornet,dijo que «los bloqueos a las páginas de medios de comunicación, además de privar a los ciudadanos de su derecho a estar debidamente informados, atentan contra la sostenibilidad de las empresas periodísticas, al no poder ser estas vehículo de mensajes publicitarios, su única fuente de ingresos, lo que en algunos casos deriva en la asfixia económica».
Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario El Nacional y vicepresidente por Venezuela de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, ha venido enfatizando en sus informes ante la SIP que «las compañías privadas de telecomunicaciones deberían tener políticas coherentes en todos los países que operan y ajustarse siempre al derecho internacional para proteger la libertad de expresión».
El informe de libertad de prensa de la SIP de abril pasado denunció que «los bloqueos se hacen sin respaldo judicial, de manera discrecional y absolutamente arbitraria». Asimismo, el tema fue abordado públicamente en una conferencia sobre «La condenable agresión cibernética contra medios y periodistas», organizado por la organización en febrero pasado.
Algunas organizaciones estiman que más de 110 periódicos fueron cerrados u obligados a cerrar por el gobierno en la última década. Un informe de IPyS Venezuela indica que más de cinco millones de venezolanos viven en «desiertos informativos», territorios donde se produce escasa o ninguna información local.
Entre otros medios locales bloqueados están los portales de El Nacional, La Patilla, El Pitazo, Armando.info, Efecto Cocuyo, Runrunes y medios internacionales tales como CNN en Español; Infobae y Todo Noticias, de Argentina; RCN, Caracol TV, NTN 24 y El Tiempo, de Colombia. De acuerdo a Ve Sin Filtro, en 2021 fueron interferidos unos 68 portales, 45 de estos de medios.
Además de Movistar y de las estatales Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y Movilnet, la SIP también ha denunciado las acciones ejecutadas por las operadoras privadas de servicios móviles y de internet Digitel, Supercable e Intercable.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
