Pablo Ventura, el joven remero que estuvo preso tres días como sospechoso por el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado en enero de 2020 en la ciudad balnearia de Villa Gesell, demandó al Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial bonaerense por 10 millones de pesos como resarcimiento por los daños sufridos por esa «infundada e injusta detención».
La demanda fue presentada por el nuevo abogado de Ventura, Marcelo Olmos, ante el Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso y Administrativo de Dolores.
«(…) Se reclama del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires-Ministerio Público Fiscal en concepto de indemnización del daño moral causado al actor por la infundada e injusta detención y a más de la pérdida de la libertad y la alteración de la paz, de su honor mancillado y por la exposición pública resultante, con la consecuente violación de su privacidad e intimidad, el pago de la suma de pesos diez millones», indicó el escrito.
En la demanda, el letrado describió la detención de Ventura y acompañó su reclamo con distintas notas periodísticas, al tiempo que propuso una serie de testigos para que declaren en el marco del expediente, entre otras pruebas.
Ventura (22) fue detenido por el crimen de Báez Sosa (18) el 19 de enero de 2020 en su casa de la ciudad bonaerense de Zárate y después lo trasladaron a Villa Gesell donde quedó excarcelado por falta de pruebas el 21 de ese mismo mes por pedido de la fiscal de la causa Verónica Zamboni, y la orden del juez de Garantías David Mancinelli.
Desde un primer momento, el joven y su familia aseguraron que la noche del crimen, él había estado en Zárate donde cenó con sus padres y que nunca estuvo en Villa Gesell.
Tras su liberación, el remero regresó a su domicilio y a principios de febrero, el juez Mancinelli finalmente lo sobreseyó, por lo que quedó totalmente desvinculado de la causa.
Crónica.-
