En medio de la crisis económica que atraviesa Argentina y la persistente recesión, el Gobierno nacional derogó 58 normas vinculadas al comercio interior, la mayoría de ellas dictadas entre 2022 y 2023. La medida alcanza disposiciones relacionadas con programas como Ahora 12, Cuota Simple, Precios Cuidados y el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), y forma parte del proceso de desburocratización y simplificación administrativa impulsado por el Ejecutivo desde el inicio de su gestión.
Según informaron fuentes oficiales, la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026 tienen como finalidad aportar mayor claridad al marco normativo vigente, facilitar la interpretación de las regulaciones estatales y reducir la ambigüedad regulatoria y la incertidumbre jurídica.
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Desde la Secretaría de Industria, Comercio y PyME señalaron que desde diciembre de 2023 se viene desarrollando una revisión integral de la normativa vigente con el objetivo de simplificar el entramado regulatorio y adecuarlo al marco legal actual. En ese sentido, destacaron que hasta el momento ya fueron derogadas 240 normas con el propósito de simplificar la actividad comercial, reducir la burocracia estatal y brindar mayor transparencia al funcionamiento del mercado.
Entre las medidas eliminadas se encuentran 22 normativas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), una herramienta de intervención directa creada para influir sobre los precios dentro de la cadena triguera.
Además, fueron derogadas 30 normas relacionadas con los programas Ahora 12 y Cuota Simple. Según la visión del Gobierno argentino, ambos esquemas representaban una modalidad de intervención indirecta sobre las condiciones crediticias del mercado.
Cabe recordar que Cuota Simple, el programa implementado por la actual administración para reemplazar a Ahora 12, permitía realizar compras con tarjeta de crédito en tres y seis cuotas fijas a una tasa de interés inferior a la del mercado. El plan finalizó en junio de 2025 y el Gobierno decidió no extender su vigencia. Durante su funcionamiento, miles de comercios de todo el país se habían adherido para ofrecer financiación en cuotas, en muchos casos sin interés para los consumidores.
Tras el fin del programa, bancos, billeteras virtuales y empresas procesadoras de pagos lanzaron alternativas propias para continuar ofreciendo opciones de financiamiento. Sin embargo, el incremento de las tasas de interés impidió que estas iniciativas lograran extenderse de manera generalizada, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
La normativa publicada este martes también dejó sin efecto cuatro disposiciones que obligaban a las instituciones privadas de enseñanza a informar con anticipación los valores de sus aranceles. Según argumentó el Gobierno, esa obligación generaba distorsiones de precios debido a que los establecimientos educativos aplicaban aumentos preventivos y arbitrarios.
A estas derogaciones se suma una normativa complementaria vinculada al programa Precios Cuidados, política implementada en 2014 mediante acuerdos de precios para alimentos, productos de limpieza, perfumería y artículos de higiene personal. Con el paso de los años, el programa se amplió a otros sectores, incluyendo motocicletas, materiales para la construcción y servicios de telefonía celular. Posteriormente, se desarrollaron esquemas similares, entre ellos Precios Justos.
Por otra parte, el Ejecutivo eliminó una disposición que duplicaba los mecanismos de atención destinados a adolescentes consumidores. De acuerdo con la explicación oficial, la medida permitirá centralizar los reclamos en un único canal especializado y brindar respuestas más ágiles y eficientes.
En los fundamentos de la resolución, el Gobierno sostuvo que la decisión de no renovar programas como Ahora 12 y Cuota Simple forma parte de un proceso de normalización del mercado crediticio orientado a restablecer las señales de precios y eliminar las distorsiones en la asignación de capital.
En ese sentido, los considerandos de la medida señalan que la decisión “se inscribe en el marco de un proceso de normalización del mercado de crédito, buscando restablecer las señales de precio y eliminar las distorsiones en la asignación de capital; por lo que resulta imperativo proceder a la derogación de toda la normativa complementaria y reglamentaria dictada en función de dichos programas”.
Asimismo, la normativa sostiene que “la eliminación de normas innecesarias contribuye a una mayor claridad en el marco legal, y facilita su interpretación y aplicación por parte de los ciudadanos y los operadores jurídicos, lo que reduce la ambigüedad y la incertidumbre jurídica”.
Finalmente, el Gobierno derogó la Resolución 236/2021, que habilitaba a adolescentes de entre 13 y 17 años a presentar reclamos como consumidores a través de la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor y otros mecanismos de resolución de conflictos.
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La eliminación de esta disposición se fundamenta en que la normativa vigente ya contempla herramientas suficientes para garantizar la protección de los derechos de los adolescentes en las relaciones de consumo, incluyendo procedimientos específicos y un trato preferencial para personas en situación de vulnerabilidad por razones de edad. Según el Ejecutivo, la medida apunta a evitar superposiciones normativas y simplificar los procesos administrativos.
Con Información de Infobae.-
