La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales denunció este domingo la muerte de José Manuel García Sabino, exconcejal del municipio Anaco, estado Anzoátegui, mientras permanecía bajo custodia del Estado venezolano.
Según la ONG, García Sabino estaba recluido desde febrero en la sede de la Policía Municipal de Anaco y falleció la noche del pasado viernes 9 de mayo. Con este nuevo caso, la organización alertó que la cifra de presos políticos fallecidos bajo custodia estatal asciende a 31.
El abogado y exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, aseguró que el exconcejal fue detenido luego de denunciar presuntos hechos de corrupción dentro de la alcaldía y el Concejo Municipal de Anaco.
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#URGENTE Ex concejal de Anaco denunció corrupción en la Alcaldia y Concejo Municipal y anoche apareció muerto en los calabozos de la Policia Municipal. Otro crimen de Estado. Se trata de José Manuel García Sabino. El alcalde llamado Jesús Ríos y dos concejales llamados Edgar… pic.twitter.com/qxFwIbvStC
— Zair Mundaray (@MundarayZair) May 10, 2026
A través de redes sociales, Mundaray afirmó que el alcalde Jesús Ríos y los concejales Edgar Torres y Jean Caraballo habrían impulsado una persecución en su contra, además de abrirle un expediente por presunta estafa.
“Le montaron una persecución, amenazas y un expediente por estafa y lo llevaron preso, ahora está muerto”, expresó el exfiscal.
Hasta el momento, ninguna autoridad venezolana se ha pronunciado oficialmente sobre las causas del fallecimiento. Mundaray exigió al Ministerio Público abrir una investigación urgente sobre el caso y cuestionó la actuación de las instituciones responsables ante la muerte del dirigente mientras permanecía detenido.
García Sabino militaba en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El fallecimiento ocurre en medio de fuertes cuestionamientos al sistema penitenciario venezolano y apenas días después de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmara la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas.
El caso de Quero generó indignación luego de conocerse que las autoridades ocultaron su fallecimiento durante nueve meses, mientras su madre, de 82 años, continuaba buscándolo en cárceles y hospitales del país. Según denunciaron activistas, el detenido había muerto en julio de 2025 y fue enterrado sin notificar a sus familiares.
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Organizaciones y defensores de derechos humanos sostienen que estas muertes no representan hechos aislados, sino un patrón de opacidad institucional, falta de atención médica y violaciones a los derechos humanos contra personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.
Con Información de ElNacional.-
