La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó este 27 de abril la Resolución 32/2026, mediante la cual otorga medidas cautelares en favor de Germán Darío Giuliani. El organismo considera que el ciudadano argentino, detenido en Venezuela, se encuentra en una situación de «gravedad y urgencia» que pone en riesgo inminente su vida e integridad física.
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Un año de incertidumbre
Giuliani fue privado de su libertad en mayo de 2025. Según la denuncia presentada ante la Comisión, el hombre se encuentra recluido en el Complejo Penitenciario de Yare, pero bajo un régimen de incomunidación total. Esta falta de contacto ha impedido que tanto sus familiares como sus representantes legales conozcan su estado de salud actual o las condiciones reales de su detención.
La CIDH subrayó con preocupación que el Estado venezolano no ha proporcionado información ni descargos sobre la situación del beneficiario, lo que refuerza los indicios de desprotección.
El pedido a Caracas
En el documento, la Comisión advirtió que la falta de transparencia estatal y la condición de aislamiento de Giuliani constituyen un riesgo que «podría concretarse en cualquier momento». Por ello, instó formalmente al gobierno de Venezuela a cumplir con las siguientes disposiciones:
- Acreditar ubicación y contacto: Confirmar el paradero exacto del detenido y permitir el acceso inmediato de sus abogados y del cuerpo consular argentino.
- Asistencia médica y básica: Realizar una evaluación médica urgente y garantizar que cuente con acceso a agua potable y alimentación suficiente.
- Seguridad personal: Adoptar las medidas necesarias para asegurar que no sea objeto de violencia dentro del recinto carcelario.
Carácter preventivo
El organismo con sede en Washington aclaró que el otorgamiento de estas medidas no constituye un juicio sobre la culpabilidad o inocencia de Giuliani, ni un pronunciamiento sobre el fondo del proceso judicial en su contra. Se trata, estrictamente, de un mecanismo de protección para evitar daños irreparables mientras se resuelve su situación jurídica.
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La CIDH finalizó solicitando a las autoridades venezolanas que informen en un plazo perentorio sobre las acciones tomadas para implementar estas recomendaciones y que coordinen dichas medidas con los representantes del beneficiario.
Con Información de .oas.org.-
