El escenario migratorio en Chile atraviesa un momento de alta tensión, no por eventuales expulsiones masivas anunciadas en campaña por José Antonio Kast, sino por una nueva medida administrativa que ha generado amplio debate. Se trata de una circular emitida el 13 de abril de 2025 por el Servicio de Registro Civil e Identificación, formalizada como Circular N° 014 el 17 de abril de 2025, que modifica el criterio para otorgar la nacionalidad a hijos de extranjeros.
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La instrucción establece que los recién nacidos cuyos padres se encuentren en condición de “permanencia transitoria” deberán ser inscritos como “hijos de extranjero transeúnte”, lo que los excluye automáticamente del acceso a la nacionalidad chilena. Este cambio marca un giro respecto a la práctica aplicada durante la última década y se fundamenta en el artículo 10, N°1 de la Constitución, que contempla excepciones al principio de nacionalidad por nacimiento.
La circular ordena a los oficiales civiles verificar la situación migratoria de los padres mediante documentos como pasaporte, cédula de identidad y Tarjeta Única Migratoria. Si el nacimiento ocurre mientras los progenitores tienen un permiso temporal, el niño no será considerado chileno. Esta interpretación se apoya en la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, que define al “extranjero transeúnte” como quien se encuentra de paso en el país, sin intención de establecerse.
Con esta nueva directriz, el Registro Civil elimina la posibilidad de evaluar elementos como contratos laborales, arriendos o cualquier indicio de arraigo. Asimismo, deja de considerar el “ánimo de permanencia” de los padres, criterio que había sido clave en decisiones judiciales y administrativas desde 2014. Un ejemplo de ese enfoque anterior fue el caso de una menor nacida en Iquique en 2018, a quien la Corte Suprema le reconoció la nacionalidad chilena tras comprobar que sus padres tenían intención de residir en el país.
Ahora, la circular establece que el Registro Civil no tiene facultades para determinar esa intención de permanencia, función que corresponde exclusivamente al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig). Incluso en situaciones de duda o falta de documentación concluyente, se instruye inscribir igualmente al recién nacido como hijo de extranjero transeúnte, trasladando a los padres la carga de solicitar posteriormente una rectificación.
La medida ha generado un fuerte rechazo, especialmente por parte de la Asociación de Venezolanos en Chile (ASOVEN), presidida por Patricia Rojas, que la calificó como discriminatoria y alertó sobre sus consecuencias. Según la organización, la circular podría dejar a muchos niños en condición de apatridia, sobre todo a hijos de venezolanos que no pueden ser registrados en su país debido a la ruptura de relaciones diplomáticas y el cierre de consulados.
ASOVEN sostiene que la norma contradice la Constitución chilena, que consagra el principio de jus soli, y advierte que la jurisprudencia ha establecido que la situación migratoria irregular no convierte automáticamente a una persona en “transeúnte”. También argumenta que la medida vulnera estándares internacionales, como el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yean y Bosico vs. República Dominicana (2005), que prohíbe negar la nacionalidad a niños por la condición migratoria de sus padres.
Asimismo, señala un posible incumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990, que garantiza el derecho a la nacionalidad desde el nacimiento y prohíbe la discriminación por el estatus de los progenitores. En la misma línea, advierte que la medida podría contradecir la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a la nacionalidad del país donde nace si no puede acceder a otra.
Ante este escenario, la organización solicitó la suspensión inmediata de la circular y pidió al Estado chileno actuar como garante del derecho a la identidad, especialmente en contextos donde no es posible registrar a los niños en el país de origen de sus padres. También hizo un llamado a la Defensoría de la Niñez y a organismos internacionales para intervenir ante lo que considera una posible crisis de derechos humanos.
Por su parte, la Defensoría de la Niñez expresó preocupación por la medida, señalando que la categoría de “extranjero transeúnte” está pensada para personas que se encuentran de paso, lo que no refleja la realidad de muchas familias migrantes que llevan años en el país. Advirtió que la aplicación de la circular podría aumentar el riesgo de apatridia y afectar el acceso de los niños a derechos fundamentales como salud y educación.
El organismo también cuestionó que el criterio se base en la situación administrativa de los padres y no en la condición del niño, lo que considera incompatible con el enfoque de derechos y con el principio del interés superior del menor. Además, alertó que, aunque existen mecanismos de revisión, la carga de activarlos recae en las familias.
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Finalmente, la Defensoría subrayó que el Estado debe garantizar desde el inicio el derecho a la nacionalidad, la identidad y la no discriminación, y llamó a revisar la aplicación de la circular conforme a la legislación nacional y a los estándares internacionales de derechos humanos, evitando que los niños nacidos en Chile queden en una situación de mayor vulnerabilidad.
Con Información de diarioversionfinal.com.-
