Tras varios días de servicios reducidos y dificultades para los usuarios, el sistema de transporte de autobuses en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comienza a encaminarse hacia una normalización progresiva, aunque algunas líneas continúan en paro.
El conflicto se originó principalmente por el aumento del costo del combustible, que incrementó los gastos operativos de las empresas. Ante esta situación, las compañías reclaman mayores subsidios o una actualización de las tarifas, al considerar que no pueden afrontar costos básicos como el pago de salarios. Sin embargo, la tensión entre el Gobierno nacional y el sector del transporte es de larga data.
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Actualmente, varias líneas siguen afectadas por medidas de fuerza debido a retrasos salariales. Entre ellas se encuentran las líneas 333, 407, 437 y 707, operadas por la empresa Micro Ómnibus General San Martín, que mantienen la suspensión del servicio. Desde el sector señalan que se trata de una compañía con serias dificultades financieras, que interrumpe sus operaciones de forma recurrente.
Para el resto del sistema, se prevé la realización de una mesa técnica con el Gobierno nacional para analizar alternativas que permitan afrontar el aumento del gasoil sin trasladar el costo a los usuarios. Mientras tanto, las cámaras empresariales se comprometieron a trabajar en la mejora del servicio.
En paralelo, cinco cámaras del sector mantienen negociaciones con el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Las partes sostienen posiciones contrapuestas respecto a la situación financiera, el manejo de los subsidios y los plazos necesarios para regularizar los pagos que garanticen tanto los salarios como la continuidad del servicio. Desde la provincia aseguran que no existen deudas pendientes, salvo los compromisos correspondientes al mes en curso.
Como parte de las medidas adoptadas, el gobierno provincial incrementó el adelanto de subsidios del 50% al 65%, con el objetivo de cubrir los salarios y evitar una mayor profundización del conflicto.
Las empresas, por su parte, esperan la acreditación de fondos por aproximadamente 50.000 millones de pesos, que debían ser transferidos recientemente. Aunque las autoridades aseguran que el pago ya fue realizado, las compañías indican que aún no disponen del dinero, lo que mantiene la incertidumbre en el sector.
El principal factor que agravó la crisis fue el encarecimiento del combustible, impulsado por la suba internacional del petróleo. En Argentina, el precio del gasoil registró un aumento cercano al 20%, lo que impactó directamente en los costos del transporte.
Las empresas del AMBA consumen más de un millón de litros de gasoil por día, por lo que cualquier variación en el precio genera un fuerte impacto en la estructura de costos. Un informe del sector advierte que existe una brecha significativa entre el valor real del combustible y el reconocido por el Estado.
Actualmente, las compañías pagan entre 2.100 y 2.444 pesos por litro, mientras que el esquema oficial reconoce 1.750 pesos. Esta diferencia provoca un desfinanciamiento que afecta la frecuencia, la calidad del servicio y la renovación de las unidades.
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Según estimaciones del sector, el sistema registra pérdidas cercanas a los 370 millones de pesos diarios. En febrero de 2026, el costo real de operación superó ampliamente el monto reconocido por el Estado, generando un déficit mensual que supera los 88.000 millones de pesos.
Este escenario refleja la compleja situación que atraviesa el transporte público en el AMBA, donde el equilibrio entre costos, subsidios y tarifas continúa siendo un desafío sin una solución definitiva.
Con Información de Infobae.-
