Abogados en Estados Unidos advirtieron que al menos 600 mil venezolanos que residen en ese país continúan en riesgo de detención y deportación, a pesar de que un tribunal de apelaciones declaró ilegal la decisión del Ejecutivo de rescindir el Estatus de Protección Temporal (TPS) que los amparaba.
Si bien el fallo representa un revés para el Gobierno, no tendrá un impacto práctico inmediato, ya que en octubre de 2025 el Tribunal Supremo permitió que la medida entrara en vigor mientras avanza el proceso judicial iniciado en California.
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Jessica Bansal, abogada especializada en TPS e integrante de la Red Nacional de Organizaciones de Trabajadores Jornaleros (NDLON), una de las entidades que representa a los venezolanos afectados, advirtió en un comunicado que, pese a la victoria judicial, los beneficiarios del programa “siguen enfrentando el riesgo de detención y deportación”.
“La magnitud de la ilegalidad en nuestro sistema migratorio en este momento es realmente difícil de comprender”, afirmó la abogada.
Del total de venezolanos amparados por el TPS, unos 250 mil perdieron la protección en noviembre de 2025, mientras que a los 350 mil restantes se les vence en octubre de este año, lo que agrava el escenario de incertidumbre.
Se esperan más detenciones
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria (CILP) de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), sostuvo que se espera que el gobierno de Donald Trump continúe deteniendo y deportando de forma ilegal a beneficiarios venezolanos del TPS.
El panorama no resulta alentador para quienes encontraron en este estatus un alivio migratorio, ya que se prevé que la administración apele la decisión del Noveno Circuito ante el Tribunal Supremo, dominado por jueces conservadores que ya respaldaron previamente al Ejecutivo.
No obstante, activistas como José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS e impulsor de la demanda, señalaron que la organización y la presión de la comunidad mantienen vivas las esperanzas de un resultado favorable.
La Alianza ya obtuvo una victoria en el pasado al lograr mantener el TPS para seis países, luego de que Trump intentara eliminar el beneficio en 2017.
“Venezuela y Haití fueron solo la punta del iceberg, pero la administración avanzó en la eliminación de las protecciones del TPS para todos los grupos que dependían de este programa. Se trata de un intento generalizado de desmantelar el TPS, creado precisamente para limitar el poder arbitrario del Ejecutivo”, sostuvo Emi MacLean, abogada principal de la Fundación de la ACLU del Norte de California.
Los demandantes están representados por NDLON, las fundaciones de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Norte y del Sur de California, el CILP de la Facultad de Derecho de la UCLA y la Alianza Puente Haitiano.
Palma recordó que el Congreso de Estados Unidos tiene la facultad de otorgar un estatus migratorio permanente a esta comunidad. “La justicia para nuestra comunidad exige nada menos”, afirmó.
La decisión de la Corte de Apelaciones
El pasado 28 de enero, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito concluyó que la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de eliminar el TPS otorgado por el expresidente Joe Biden (2021-2025) es ilegal.
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El juez Salvador Mendoza sostuvo que la orden de poner fin al beneficio —que protege de la deportación y autoriza a trabajar legalmente— contradice el estatuto aprobado por el Congreso.
Además, el magistrado consideró que la medida estuvo motivada por animosidad racial contra los venezolanos, lo que refuerza su carácter ilegal.
Con Información de ElDiario.-
