El Gobierno de Florida sigue realizando arrestos de migrantes bajo la controvertida ley estatal SB 4-C, considerada una de las más estrictas del país por criminalizar a los indocumentados a nivel estatal. Esto ocurre a pesar de que, en julio, la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió su aplicación, según consta en documentos judiciales.
En un informe presentado ante la Corte del Distrito Sur de Florida, el fiscal general del estado, James Uthmeier, admitió que durante julio se ejecutaron arrestos amparados en esta legislación. Entre los casos reportados figuran el guatemalteco Juan Vásquez Salas y el mexicano José Bersay Díaz Salas.
Díaz Salas fue detenido el 3 de julio tras un accidente de tránsito en el condado de Sarasota, que dejó varios heridos y daños en tres vehículos. El 28 de julio, Vásquez Salas fue arrestado luego de otro siniestro vial.
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La Corte Suprema, el 9 de julio, ratificó el fallo del Tribunal de Distrito del Sur de Florida que había suspendido temporalmente la SB 4-C desde el 18 de abril. Pese a ello, las detenciones continuaron, lo que llevó a la jueza Kathleen M. Williams a declarar en desacato al fiscal del estado por incumplir la orden judicial. Además, le exigió presentar informes periódicos sobre los arrestos efectuados bajo esta ley, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis.
Aprobada en febrero, la SB 4-C ha sido duramente cuestionada. Organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF) demandaron al gobierno estatal, alegando que la normativa es inconstitucional y que la política migratoria es competencia exclusiva del gobierno federal.
Recientemente, estas organizaciones denunciaron que la ley se ha utilizado para detener personas en el “Alligator Alcatraz”, un centro de detención migratoria con capacidad para 2,000 personas inaugurado el 3 de julio, al oeste de Miami. Los demandantes pidieron a la Corte del Distrito Sur de Florida que exija claridad sobre la autoridad que respalda el funcionamiento de este centro, citando un correo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que atribuye su gestión a las autoridades estatales.
La SB 4-C se ha convertido en un símbolo de la ofensiva de varios estados gobernados por republicanos contra la migración irregular, y el desenlace judicial de este caso podría marcar un precedente a nivel nacional.
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Con Información de diarioversionfinal.com.-
