El futuro inmediato del derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos atraviesa un momento crítico tras el fallo emitido el 27 de junio de 2025 por la Corte Suprema, que restringe la capacidad de jueces federales para imponer medidas cautelares de alcance nacional contra acciones del Poder Ejecutivo. Esta decisión afecta directamente la aplicación de una orden ejecutiva presidencial que busca poner fin a la concesión automática de ciudadanía a hijos nacidos en EE.UU. de personas en situación migratoria irregular o con estadía temporal.
Con esta sentencia, la Corte devuelve el debate a los tribunales inferiores y otorga un plazo de 30 días para que estados, organizaciones y demandantes ajusten sus estrategias legales. La medida no entra a definir la constitucionalidad del intento del Gobierno de modificar la interpretación de la 14ª Enmienda, sino que delimita los alcances procesales de la protección judicial, limitando los bloqueos solo a quienes han demandado directamente.
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¿Qué es la ciudadanía por nacimiento?
El principio de birthright citizenship está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU., ratificada en 1868, que establece que toda persona nacida o naturalizada en territorio estadounidense es ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Esta interpretación fue ratificada en 1898 por la Corte Suprema en el histórico caso Wong Kim Ark, con excepciones limitadas como hijos de diplomáticos extranjeros.
¿Qué resolvió la Corte Suprema?
El máximo tribunal, con opinión mayoritaria escrita por la jueza Amy Coney Barrett, resolvió que los jueces federales no pueden dictar medidas cautelares de carácter nacional mientras se resuelve la legalidad de una norma. En adelante, las decisiones judiciales deberán ceñirse exclusivamente a los demandantes involucrados en el litigio, excluyendo a otros ciudadanos no incluidos en la demanda.
Esto representa un giro procesal importante: mientras dure el juicio, solo quienes hayan demandado directamente estarán protegidos. Según NPR y ABC News, esta medida deja vulnerables a miles de personas que aún no han iniciado acciones legales, y podría generar una aplicación desigual de políticas federales entre estados.
Impacto sobre la orden ejecutiva
La orden ejecutiva firmada en enero de 2025 establece que los hijos nacidos en EE.UU. de padres indocumentados o con visas temporales no recibirán la ciudadanía automática. Hasta ahora, 22 estados y el Distrito de Columbia han presentado demandas para bloquear la medida, por lo que sus residentes mantienen la protección legal vigente. En los otros 28 estados, la orden podría entrar en vigor en ausencia de litigios específicos.
Según The Washington Post, la Corte otorgó un plazo de 30 días para que los tribunales inferiores ajusten sus decisiones conforme al nuevo criterio. Organizaciones de derechos civiles ya están presentando nuevas demandas colectivas para ampliar el alcance de la protección.
¿Se modificó la interpretación de la 14ª Enmienda?
No. El fallo no cambia la interpretación vigente de la 14ª Enmienda ni resuelve si es constitucional o no revocar el derecho de ciudadanía por nacimiento. El enfoque fue exclusivamente procesal, es decir, sobre los límites del poder judicial para emitir medidas cautelares.
Expertos legales citados por NPR y The Associated Press señalan que la interpretación tradicional del jus soli (derecho de suelo) sigue respaldada por precedentes como Wong Kim Ark, y que una revisión de fondo por parte de la Corte aún está pendiente.
¿Qué pasará en los tribunales?
En los próximos días, tribunales federales en Maryland, Massachusetts y New Hampshire deberán revisar sus medidas cautelares vigentes. Si se limitan solo a los demandantes iniciales, la orden ejecutiva podrá aplicarse en otras jurisdicciones, creando un panorama fragmentado en el acceso a la ciudadanía.
Esto podría derivar en una carrera judicial contra el tiempo, en la que familias migrantes, estados y organizaciones civiles deberán iniciar nuevas acciones legales si desean mantener las protecciones existentes.
¿Cómo afecta a las familias y registros civiles?
La incertidumbre también alcanza a los registros civiles y hospitales. Hasta ahora, el Gobierno federal no ha especificado cómo se aplicará la orden en la práctica: no está claro qué documentación deberán presentar las madres al momento del parto ni qué institución decidirá si un recién nacido es o no ciudadano.
Esto podría dar lugar a criterios dispares entre estados y hospitales, con consecuencias sobre los certificados de nacimiento, derechos sociales y acceso a servicios de salud. Como alertan expertos citados por AP, la medida carga de presión a oficinas estatales sin una guía uniforme.
¿Podría la Corte resolver de fondo el derecho a la ciudadanía por nacimiento?
Sí, aunque no en el corto plazo. Si las causas actuales escalan nuevamente, la Corte Suprema podría verse obligada a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva y, con ello, sobre la vigencia del derecho de ciudadanía por nacimiento. Hasta entonces, el tema seguirá bajo litigio en cortes inferiores y con un escenario legal incierto para miles de familias migrantes.
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Con Información de Infobae.-
