El Gobierno argentino presentó este martes una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) en relación con el asedio a su embajada en Caracas, exigiendo “determinación” para enfrentar lo que calificó como “crímenes de lesa humanidad” cometidos por el Gobierno Venezolano.
“La situación en Venezuela exige atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en las investigaciones que lidera la Fiscalía”, declaró Mario Javier Oyarzábal, embajador argentino en los Países Bajos, durante su intervención en la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, celebrada en La Haya.
El diplomático alertó sobre un empeoramiento en las condiciones del país tras las elecciones del pasado 28 de julio: “Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados, y la voluntad democrática de su población es ignorada deliberadamente. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las graves violaciones a los derechos fundamentales demandan investigaciones rigurosas e integrales a la altura de la justicia internacional”.
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#3dic 🇦🇷 Argentina denunció ante la CPI el asedio a su embajada en #Caracas #Venezuela, donde permanecen asilados seis opositores del equipo de @MariaCorinaYA .
— ES RE VIRAL (@esreviral) December 3, 2024
"Le pedimos a esta corte actuar con determinación", instó el gobierno argentino.#EsReViral pic.twitter.com/qB7AoRIpjz
Oyarzábal también denunció el hostigamiento a la misión diplomática argentina en Caracas, que ha enfrentado actos de asedio por parte de fuerzas policiales y grupos armados no identificados en represalia por haber ofrecido asilo a seis opositores Venezolanos. “La sede de nuestra embajada y los asilados presentes están actualmente bajo la protección de Brasil, un país al que agradecemos profundamente. No obstante, es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorguen de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados”, enfatizó.
Además, instó a la CPI a actuar con firmeza para que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. “La impunidad perpetúa el sufrimiento de las víctimas y erosiona los cimientos del orden jurídico internacional”, concluyó.
La embajada argentina permanece bajo la protección de Brasil desde agosto, tras la expulsión de los diplomáticos argentinos, a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro revocó esta autorización en septiembre. Según, el Gobierno de Maduro, los seis asilados –colaboradores cercanos de la líder opositora María Corina Machado– estarían implicados en la supuesta planificación de actos terroristas desde el interior de la sede diplomática.
María Corina Machado denunció el último fin de semana que Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Omar González, Claudia Macero, Humberto Villalobos y el exministro Fernando Martínez Mottola “permanecen aislados, sin agua, sin luz, y rodeados por fuerzas del régimen que intensifican el acoso”. La exdiputada agregó: “Lo que ocurre hoy en la embajada de Argentina en Caracas, bajo protección de Brasil, es tortura en territorio argentino”.
