Con el 40% de la población sumergida en la pobreza, la Argentina sigue empequeñeciendo las historias de Gabriel García Márquez y su realismo mágico: un mes y medio después de su cumpleaños 75, Ana María Figueroa tiene en sus manos el acuerdo del Senado para volver a la Cámara de Casación Penal, de donde fue echada hace dos semanas. Pero ese papel sólo le servirá como un souvenir personal. Sus colegas de la Casación Federal entonces se dirigieron a la Corte reportando oficialmente la situación, ya que un día antes la doctora los había reunido para comunicarles otra decisión digna de Macondo: que no firmaría más resoluciones ni asistiría a audiencias, pero se quedaría en su despacho hasta que su nuevo pliego sea aprobado en el Congreso.
Desde luego, firmar sentencias y asistir a esa audiencias es el único trabajo que tienen los jueces, por lo que Figueroa quedaba sin hacer nada. Como una pasajera en tránsito desde su propio escritorio, esa excentricidad duró casi dos semanas, hasta que terminó agosto y Clarín publicó que Figueroa había cobrado su sueldo de agosto completo: 3,7 millones de pesos en mano.
La extravagancia viró escándalo, y tanto en la Casación como en la Corte decidieron que había que volver a la senda de la sensatez. Entonces se conoció la breve y lacónica resolución de la Corte, firmada por unanimidad y que es la última palabra para el caso. Figueroa y cualquier otro juez que a las 0 horas del día de su cumpleaños 75 no tenga aprobada, promulgada y publicada la resolución de su nuevo pliego por cinco años, cesa automáticamente en su función. A jubilarse. Pero entre los Buendía todo parece posible, Cristina siguió forzando a los senadores para votar ese nuevo pasaporte para Figueroa.
Un detalle no mencionado hasta ahora: la jueza fue siempre sensible a los intereses judiciales K, y su salida de la Casación Federal es una pérdida grave para el ejército kirchnerista. Pero ese detalle no es el único. Terminada la milonga de la jueza, sus colegas de la Sala I, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, publicaron dos resoluciones clave que tenían demoradas por el limbo de su compañera: ordenaron reabrir los casos Hotesur y Pacto con Irán, en los que Cristina es la principal acusada como jefa de una asociación ilícita que lavó dinero junto a Báez y Cristóbal López, y como supuesta encubridora de los iraníes acusados de volar la sede de la AMIA. Así llegamos a ayer y el estallido de un «conflicto de poderes» que no es tal, sino un desafío del Congreso a la Corte.
Porque el máximo tribunal es el único intérprete de la Constitución Nacional, y su palabra al respecto no puede ser discutida en ninguna otra instancia o escenario. Mucho menos en el Congreso. Como se dijo, el límite de los 75 años para los jueces está en la Constitución luego de la reforma de 1994. Y la Corte acaba de ratificar su posición respecto de cómo debe leerse ese artículo. Ya lo había hecho respecto del juez federal de La Plata Leopoldo Schiffrin, el único otro antecedente que llegó al máximo tribunal. Hubo un puñado de casos en que los pliegos para extender la vida laboral de algún magistrado se arreglaron entre los políticos, tanto en el Congreso como en la Magistratura. «Pero ninguno de esos casos llegó acá», advierten en la Corte, donde la semana pasada ya daban el asunto Figueroa como liquidado. «Ya nos pronunciamos, esto se terminó. Todo lo que intenten desde ahora es jueguito para la tribuna», aseguraban con displicencia.
Otro dato refuerza ese camino: la Corte se manifestó por pedido de la Casación. Es decir que tampoco hay dudas sobre la oportunidad y la legitimidad para haberlo hecho. ¿Tendrá que ratificar ese pronunciamiento ahora que el Senado votó la permanencia de Figueroa? Hasta el anochecer, la tesis dominante era que todo ya está dicho. Pero en el país del realismo mágico nunca se sabe.
Clarín.-
