El Gobierno de Costa Rica anunció una medida especial para regularizar la situación migratoria de solicitantes de refugio provenientes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Colombia que aún no han recibido una respuesta sobre sus trámites.
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) informó el 1 de junio que la iniciativa beneficiaría a unas 10.480 personas, priorizando a ciudadanos de estos cuatro países debido a las condiciones políticas y sociales que enfrentan en sus lugares de origen.
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A comienzos de 2026, alrededor de 380.000 personas permanecían a la espera de una resolución sobre sus solicitudes de refugio. Además, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) reportó que solo durante 2025 se registraron cerca de 29.000 nuevas solicitudes presentadas por ciudadanos nicaragüenses, cubanos, venezolanos y colombianos.
Aunque la medida representa un avance importante, no resuelve de forma definitiva la situación de todas las personas que llevan años esperando regularizar su estatus migratorio en Costa Rica.
La disposición beneficiará únicamente a quienes presentaron su solicitud de refugio después de junio de 2014 y antes del 7 de mayo de 2026.
Uno de los posibles beneficiarios es el periodista nicaragüense Iván Olivares, quien llegó a Costa Rica en 2021 tras denunciar persecución política por parte del gobierno de Daniel Ortega. Luego de casi cinco años esperando una respuesta a su solicitud de refugio, reconoció en una entrevista con El País de España que la noticia lo tomó por sorpresa, aunque admitió que con el tiempo se acostumbró a vivir bajo la condición de solicitante de refugio.
Olivares explicó que durante años intentó impulsar su expediente presentando citaciones emitidas por la Fiscalía de Nicaragua relacionadas con su trabajo periodístico, solicitudes para agilizar el proceso y medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Una medida inesperada
La decisión también sorprendió a organizaciones que trabajan con población refugiada. Adam Álvarez-Calderón, director del Servicio Jesuita a Migrantes, afirmó que la medida representa un reconocimiento por parte del Estado de la profunda demora que afecta al sistema de refugio y de las dificultades para resolver los casos de manera rápida y efectiva.
Según explicó, miles de personas permanecen en una situación de incertidumbre porque el sistema no ha logrado responder adecuadamente a sus solicitudes.
Álvarez-Calderón calificó la iniciativa impulsada por la presidenta Laura Fernández, quien asumió el cargo el 8 de mayo en sustitución de Rodrigo Chaves, como una medida necesaria y oportuna, aunque inesperada.
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El representante del SJM señaló además que durante los últimos años el Gobierno anterior mostró posiciones contradictorias respecto al tema migratorio. Mientras mantenía un discurso de apertura y respeto hacia los migrantes en escenarios internacionales, dentro del país redujo recursos destinados a instituciones como Migración y al sistema de protección para refugiados.
Finalmente, advirtió que los largos tiempos de espera afectan la seguridad jurídica de los solicitantes y limitan significativamente sus oportunidades de integración económica y social en Costa Rica.
Con Información de eldiario.com.-
