El Obispado de San Isidro informó que el Vaticano confirmó la culpabilidad del sacerdote Damián Rodríguez Alcobendas en una causa por abuso sexual contra un menor. La decisión fue adoptada por el Colegio para el Examen de los Recursos en Materia de Delitos Graves de la Santa Sede, que rechazó la apelación presentada por el presbítero en el marco del proceso administrativo penal canónico iniciado en su contra.
De este modo, quedó firme la condena por el “delito grave contra el sexto mandamiento cometido con un menor”, figura que en el derecho canónico alude a una falta de carácter sexual perpetrada por un clérigo contra un menor de edad.
El Vaticano confirmó además la pena de prohibición perpetua para ejercer cualquier oficio eclesiástico y desempeñar funciones directivas o administrativas en parroquias, seminarios e instituciones vinculadas. Tampoco podrá asumir cargos dependientes de autoridades eclesiásticas ni ejercer la docencia en áreas teológicas o pastorales. Asimismo, se le prohíbe recibir encargos de tutoría o asesoramiento de menores en cualquier ámbito.
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El organismo dispuso también la prohibición por cinco años del ejercicio público del ministerio sacerdotal. Desde el Obispado precisaron que se le impuso un precepto penal que establece que, en caso de incumplimiento, será sancionado con la dimisión del estado clerical.
Rodríguez Alcobendas, conocido como “padre Damián”, fue durante años párroco de la Parroquia Sagrada Familia de Nordelta y capellán de varios colegios católicos del sector. En 2020 tuvo notoriedad pública por recorrer barrios durante Semana Santa para impartir bendiciones y solicitar donaciones mediante transferencias bancarias en el contexto de las restricciones sanitarias. Posteriormente, tras conocerse la denuncia, fue removido como párroco y designado capellán en un convento de Pacheco.
Según se informó, los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre 2003 y 2004, en un ámbito ajeno a las instituciones educativas donde ejercía funciones, y no fueron denunciados en ese momento sino casi veinte años después, exclusivamente ante la Iglesia. De acuerdo con el Obispado, al formalizarse la denuncia canónica se informó a la víctima y a su familia sobre la posibilidad de recurrir a la justicia civil y penal, aunque no lo hicieron debido a que el delito estaría prescripto.
En el comunicado difundido, el Obispado expresó su cercanía con la víctima y pidió perdón por el daño causado, extendiendo ese acompañamiento a todas las personas afectadas por abusos. Reafirmó además su compromiso de escuchar, acompañar y actuar con responsabilidad para garantizar el cuidado en la diócesis.
Respecto al alcance de la condena, fuentes eclesiásticas explicaron que el sacerdote no podrá volver a ejercer cargos de gobierno ni estar al frente de una comunidad. No obstante, conservará el estado clerical, ya que la dimisión no fue aplicada de manera automática. Durante cinco años no podrá celebrar misa en público, confesar, administrar sacramentos ni participar públicamente en actos eclesiales como sacerdote. Solo podrá celebrar misa de forma privada e individual.
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Transcurrido ese plazo, y siempre que cumpla las condiciones impuestas y no existan nuevas denuncias, podrá participar nuevamente en celebraciones religiosas, aunque no podrá ocupar cargos ni ejercer como párroco de por vida.
Con Información de LN.-
