La Fiscalía de Sofía, en Bulgaria, acusó a Nicolás Maduro de haber participado en un presunto esquema de lavado de dinero por aproximadamente 500 millones de euros a través de la entidad financiera Investbank Bulgaria, durante su mandato al frente del Gobierno de Venezuela. La acusación surge de un decreto fiscal emitido tras una investigación publicada por el medio búlgaro de periodismo de investigación Bivol.
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De acuerdo con el documento judicial, entre 2017 y febrero de 2019 circularon grandes sumas de dinero por un total cercano a los 500 millones de euros a través de 101 cuentas fiduciarias pertenecientes a clientes del banco. Las investigaciones señalan que los fondos habrían tenido como principal origen a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y posteriormente fueron canalizados hacia estructuras financieras offshore.
Las autoridades estiman que al menos 46 millones de dólares —equivalentes a unos 39,5 millones de euros— estarían directamente vinculados a presuntas maniobras de blanqueo de capitales. Como parte de las medidas adoptadas, en febrero de 2019 la Agencia Estatal de Seguridad Nacional de Bulgaria ordenó el congelamiento de las cuentas involucradas, tras una solicitud formal de la Embajada de Estados Unidos en Sofía.
Según la Fiscalía, del total de fondos que habrían transitado por el sistema financiero búlgaro, aproximadamente 450 millones de euros no han podido ser localizados hasta el momento. Las investigaciones apuntan a que ese dinero habría sido transferido fuera del país hacia empresas offshore registradas en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, de acuerdo con la información publicada por Bivol.
Las autoridades búlgaras continúan los esfuerzos para rastrear el destino final de los fondos y avanzar en su eventual recuperación. El decreto fiscal forma parte de un proceso judicial en curso que busca esclarecer la red financiera utilizada, identificar a los responsables y determinar posibles responsabilidades penales.
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Este caso se suma a otras investigaciones internacionales vinculadas al manejo de fondos provenientes de la industria petrolera venezolana y mantiene abierta la cooperación entre organismos judiciales y de seguridad de distintos países para el seguimiento del dinero y la identificación de los posibles beneficiarios finales.
Con Información de LN y gaceta.es.-
